El gobierno de Gustavo Petro anunció un proyecto de ley para convocar a una Asamblea Nacional Constituyentepara reformar la constitución de 1991. Este proyecto se propone como punto de partida, recogiendo las firmas de los ciudadanos, en lugar de preparar todo el texto directamente para el parlamento. En los últimos meses, las reformas propuestas por el gobierno (laboral, fiscal) han encontrado resistencia en el parlamento: algunas han quedado hundidas en comisiones o no han conseguido el apoyo necesario. En particular, hubo una sentencia que pedía una consulta popular La reforma de la legislación laboral fue pospuesta por el Consejo de Estado, que consideró que no contaba con la autorización necesaria del Senado.
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