El gobierno chino ha intensificado su campaña contra las iglesias no registradas y ha arrestado a varios pastores acusados de realizar actividades religiosas sin autorización estatal. Las autoridades cerraron templos y confiscaron materiales religiosos, reafirmando su política de “control total” sobre las prácticas religiosas dentro del país.
La medida ha generado preocupación internacional por la creciente persecución de las comunidades cristianas independientes, especialmente aquellas que operan fuera del marco oficial del Partido Comunista.
Iglesias bajo vigilancia y control estatal
Según medios locales y organizaciones de derechos humanos, las acciones se centraron en provincias como Henan, Anhui y Sichuan, donde existen numerosas congregaciones nacionales no reconocidas por el Estado. Los templos cerrados pertenecían a iglesias protestantes independientes, muchas de ellas con décadas de historia y una fuerte base comunitaria.
El gobierno chino exige que todas las comunidades religiosas se registren en la Administración Estatal de Asuntos Religiosos y se sometan a la supervisión directa del Partido. Cualquier grupo que no lo haga se considera ilegal y está sujeto a sanciones.
Pastores detenidos y material confiscado
Varios líderes religiosos fueron detenidos acusados de “perturbar el orden público” y “operar organizaciones ilegales”. En algunos casos, las autoridades confiscaron Biblias, equipos audiovisuales y documentación relacionada con donaciones o actividades misioneras.
Activistas denuncian que estas detenciones forman parte de una estrategia para eliminar cualquier espacio de independencia espiritual. «El gobierno busca controlar no sólo la religión, sino también la conciencia de la gente», declaró un portavoz de la organización ChinaAid, con sede en Estados Unidos.
Control ideológico extremo
El endurecimiento de las políticas religiosas forma parte del plan estatal para “sinizar” la fe, adaptando todas las prácticas a los valores y directrices del Partido Comunista. Este programa incluye la revisión de los sermones, la sustitución de símbolos religiosos por imágenes de líderes políticos y la prohibición de la enseñanza de la fe a menores.
Los expertos advierten de que este nuevo nivel de vigilancia podría marcar el inicio de una etapa de control religioso extremo, que afectaría a todas las confesiones, incluidas las comunidades católica, musulmana y budista no alineadas con el Estado.
Reacción internacional
Varias organizaciones de derechos humanos han pedido a Pekín que respete la libertad de religión y libere a los pastores detenidos. Sin embargo, el gobierno chino sostiene que sus acciones buscan mantener la “estabilidad social” y evitar la “infiltración extranjera” en los asuntos religiosos.
A medida que se intensifica el control ideológico, la fe en China enfrenta uno de sus mayores desafíos contemporáneos: sobrevivir bajo estricta vigilancia estatal.
