Estos son momentos en que el acceso a una línea de crédito flexible puede recuperarse con el FMI

El Fondo Monetario Internacional, conocido como FMI, ha decidido esperar a la publicación del marco fiscal medio antes de continuar con la finalización de la Conferencia del Artículo IV. Esta decisión tendrá un impacto significativo en la capacidad de Colombia para acceder a los recursos de la línea de crédito flexible (LCF), que, lamentablemente, ha estado bloqueada desde este último sábado.

De acuerdo con la legislación vigente, la entrega del marco fiscal tiene un mandato claro que establece el 14 de junio como fecha límite. A partir de ese momento, se concluirá la consulta del artículo IV. Una vez que se hagan públicas las conclusiones de estas consultas, la mitad del período de la línea de crédito flexible empezará a contar.

Por lo tanto, el acceso a los recursos de la LCF permanecerá restringido al menos hasta el 14 de junio. Esta tardanza en completar las consultas del artículo IV, junto con la inspección de la LCF, significa que Colombia no podrá acceder a los recursos necesarios, por lo que el FMI sigue sin implementar este mecanismo financiero.

Este año, la consulta del artículo IV, que es una evaluación anual llevada a cabo con el Gobierno, ha sufrido un retraso considerable. A menudo, estas consultas se finalizan en febrero, pero en esta ocasión, solo se publicaron conclusiones preliminares hace tan solo diez días. Sin embargo, es importante señalar que el asesoramiento completo no se ha concretado. Sin estos análisis, no se puede evaluar adecuadamente si Colombia es apta para este tipo de cuota de crédito, que suele ofrecerse en condiciones óptimas por parte de entidades multilaterales.

Razones para el Retraso

La demora en la consulta del artículo IV, según fuentes bien informadas que participaron en conversaciones entre el gobierno y el Fondo, se debió principalmente a cambios en los ministros de finanzas.

El comienzo de este año fue atípico debido a la transición entre Ricard Bonilla y Diego Guevara, y solo unas pocas semanas después, entre Diego Guevara y Gerán Ávila. En febrero, cuando normalmente se lleva a cabo la visita del equipo del FMI con respecto a la consulta del artículo IV, el exministro Guevara asumió su cargo recientemente.

La LCF fue creada por el FMI como respuesta a la crisis financiera global que estalló en 2008, y Colombia ha mantenido un historial de gestión financiera responsable y robusta. El país accedió a la LCF por primera vez en 2009 y ha renovado este acuerdo en diez ocasiones, pero solo ha utilizado recursos de esta línea después de la crisis económica provocada por la pandemia.

La última renovación tuvo lugar el 25 de abril de 2024, lo que extiende la vigencia de esta línea hasta el 25 de abril de 2026. Sin embargo, esta nueva recuperación está sujeta a una revisión en el medio del período. Esa revisión estaba programada para realizarse en estos días.

Desafortunadamente, no se ha dado inicio a la revisión, ya que esta requiere la finalización de la consulta del artículo IV. Así las cosas, aunque la línea de crédito sigue vigente, no puede ser utilizada en este momento.

Mientras tanto, el trabajo que se necesita para que la LCF esté nuevamente disponible se centra en la elaboración de un plan de ajuste en las finanzas públicas, que debería incluir la eliminación de roles importantes debido a los retrasos presupuestarios acumulados.

Perspectivas del Marco Fiscal

A pesar del escepticismo entre expertos sobre si este año se podrá alcanzar un objetivo de déficit fiscal del 5,1% del PIB, se está trabajando en la construcción del marco fiscal a medio plazo, donde se define cómo se alcanzará dicho objetivo. También se ha indicado que el déficit primario se sitúa en el 0.2% del PIB, equivalente a 4.4 billones de pesos.

Posiblemente, la proyección de inflación se ajuste a un rango entre 3.9% y 4%, lo que es coherente con las proyecciones realizadas por el FMI. Para cumplir con estos objetivos de déficit, es imperativo que se comiencen a definir qué medidas de ajuste pueden implementarse.

La semana pasada, durante las reuniones en Washington del FMI y el Banco Mundial, el gobierno mantuvo encuentros con tres agencias de calificación de riesgos: Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s, donde se discutieron aspectos constructivos con estas firmas en medio de sus negociaciones con el FMI, el Banco Mundial y otros inversores, en los que se requiere un plan de ajuste financiero.

Cambios Necesarios

La tarea de ajuste no será sencilla, considerando que el 91% de los costos previstos en el presupuesto son inamovibles debido a razones constitucionales o contractuales. Esto significa que solo el 9% del presupuesto es susceptible de ser ajustado, lo que podría significar reducciones de hasta 45 billones de pesos. Dentro de este margen, algunos creen que se podrían realizar ajustes efectivos entre 13 y 14 billones de pesos.

Se cuenta con un plazo de seis meses para tomar decisiones adecuadas, ya que a partir de noviembre comienza a aplicarse la ley de garantía como enfoque electivo para el año. Sin embargo, en este momento, las distribuciones del plan de acción anual (PAC) ya están restringidas, debido a las necesidades apremiantes causadas por restricciones en los flujos de ingresos.

Como alternativa para determinar el tamaño de este ajuste, se considera la posibilidad de calcular una reducción del año pasado de aproximadamente 50 billones de pesos. Además, hay quienes creen que los recursos que se consideran apropiados podrían ser cancelados, eliminando las barreras legales que lo limitan. Este es un mensaje que se espera que llegue a los mercados y a los observadores internacionales. Incluso desde su periodo anterior en el Ministerio de Finanzas, se exploraron opciones para avanzar en este sentido hasta los objetivos planteados para 2022 y 2023.

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