Donald Trump, quien se encuentra a punto de alcanzar los 100 días de su segundo mandato, está enfrentando el nivel de aprobación más bajo que un presidente haya visto en al menos siete décadas. De acuerdo con una encuesta realizada por Ipsos en colaboración con The Washington Post y ABC News, solamente el 39% de los estadounidenses aprueba su gestión. Esto representa una caída alarmante desde el 45% que se registró en febrero, evidenciando una disminución drástica en menos de tres meses. En este contexto, la presidencia de Trump parece estar atrapada en una maraña de órdenes ejecutivas y bloqueos judiciales que le impiden avanzar con su agenda.

Los números de aprobación que Trump ha obtenido son los más bajos que se han registrado para un presidente desde que comenzaron estas encuestas en 1933. Lo más sorprendente es que su sólida base de apoyo no ha logrado contener esta caída, un fenómeno que muchos atribuyen a su agresiva política de inmigración, a la guerra comercial que ha impulsado a nivel global y a las reiteradas confrontaciones que ha tenido con el poder judicial en Estados Unidos.

Adicionalmente, otra encuesta realizada por CNN indica que la desaprobación general de Trump ha alcanzado un 59%, marcando un récord histórico en los primeros 100 días de un gobierno. Esta tendencia sugiere un claro descontento entre la población con respecto a la dirección que está tomando su administración.

Sin leyes relevantes y con 210 órdenes ejecutivas bloqueadas; Presidencia de Trump: atrapado entre órdenes ejecutivas y bloqueos judiciales

A pesar de contar con una mayoría republicana en ambas cámaras del Congreso, Trump ha fracasado en su intento de aprobar leyes de relevancia significativa. Hasta la fecha, su gobierno ha dependido en gran medida de decretos ejecutivos, habiendo firmado 210 órdenes en un corto período de apenas tres meses, lo que lo convierte en el presidente que más órdenes ha emitido en la historia reciente.

No obstante, este enfoque ha encontrado serias barreras: se han presentado 122 fallos judiciales que han bloqueado o suspendido temporalmente sus políticas, muchas de las cuales han sido declaradas «claramente inconstitucionales» por diversos tribunales a nivel nacional. La situación parece cada vez más compleja para la administración de Trump.

Las migraciones expresas han sido bloqueadas.

Entre las políticas más controversiales que ha promovido se encuentran la propuesta de eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento y los intentos de retirar fondos a las ciudades santuario. La creciente tensión entre el poder ejecutivo y el poder judicial se mantiene, pues Trump ha llegado a exigir el despido de magistrados que resisten sus políticas.

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La guerra comercial y la migración aceleran el desgaste de Trump

Un factor que ha tenido un impacto considerable en la disminución de su popularidad es la guerra comercial global. Según el mismo estudio de Ipsos, un 64% de los estadounidenses rechaza los aranceles masivos que Trump ha impuesto tanto a aliados como a adversarios, lo que indica un descontento generalizado con sus políticas económicas.

Este rechazo también se refleja en el sector financiero, donde un 67% de los encuestados desaprueba la gestión económica debido a la volatilidad que sus decisiones han provocado en los mercados. Esto sugiere que las estrategias económicas del presidente podrían estar poniendo en riesgo no solo la estabilidad de su propia administración, sino también la economía del país.

Los aranceles y la gestión económica han afectado las intercambios de valores de los Estados Unidos. La presidencia de Trump: atrapado entre órdenes ejecutivas y bloqueos judiciales.

En cuestiones de inmigración, a pesar de que su base de apoyo celebra la disminución de las entradas ilegales, el gobierno no ha logrado alcanzar su objetivo de deportar a 15 millones de personas. Hasta el momento, han sido deportados solamente 100,000 inmigrantes, una cifra que resulta comparable a la de administraciones anteriores.

Por si fuera poco, el intento de usar la base de Guantánamo para llevar a cabo deportaciones masivas y la aplicación de leyes del siglo XVIII para controlar la inmigración han generado controversias y han resultado en bloqueos judiciales que han puesto en jaque sus intentos de implementación de políticas más estrictas.

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