Como se había anticipado, el proyecto de regulación que se está proponiendo busca ajustar las tasas eléctricas en el país en respuesta a los comentarios presentados por el mercado. Esto fue declarado por Edwin Palma de Mina, quien enfatizó que la medida tiene como objetivo disminuir la carga económica sobre los hogares de todas las capas sociales. Se espera que estas modificaciones tengan un impacto positivo en la realidad financiera de muchas familias.
«Con esta medida, existe la expectativa de que durante los períodos de sequía, donde la energía se encarece notablemente, se podría conseguir una reducción en el precio que oscila entre 20 y 120 pesos por cada kilovatio-hora, dependiendo tanto de la severidad de la sequía como del comportamiento de los precios en la bolsa de valores», explicó el funcionario. Esta reducción sería un alivio financiero crucial para muchas personas y negocios.
De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Energía, los individuos interesados pueden acceder a más detalles sobre la regulación a través del portal www.minenergia.gov.co, en la sección «Foro al Servicio de Ciudadanos». Además, Aquellos que deseen formular sus comentarios podrán hacerlo durante un plazo de 15 días, que concluirá el 13 de mayo de 2025.
El Ministerio de Energía subrayó que esta iniciativa proviene de las múltiples observaciones recabadas durante la primera consulta pública, la cual fue adoptada a finales del año 2024. En esta consulta, se ofrecieron espacios para la socialización y el diálogo con distintos agentes del sector, gremios, y con la ciudadanía en general.
Sin embargo, se ha advertido también que esta medida se emite en un contexto en el que las compañías generadoras de energía no aceptaron la resolución CREG 101 066 de 2024, la cual intentaba implementar un esquema para bajar los precios eléctricos.
A pesar de que el gobierno nacional asegura que el propósito de esta regulación es precisamente la reducción de bandas tarifarias, representantes de diversos gremios del sector han manifestado que esta acción podría llevar a un aumento del costo del servicio, que afectaría principalmente a los hogares más vulnerables económicamente.
Desde la Junta Intergremial, en particular las asociaciones Acolgén, Andeg, Asocodis, Naturgás, Colombia y ACP, han manifestado que limitar el aumento a un máximo del 5 por ciento de las ventas de energía en el terminal de intercambio externo compromete la fiabilidad del suministro, viola principios constitucionales sobre la libertad empresarial y podría provocar un rechazo más amplio por parte de los consumidores.
Los gremios advierten sobre el potencial impacto de la regulación en el suministro de energía.
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Medida insostenible
El gobierno, en contraste, sostiene que este nuevo reglamento permitirá ofrecer servicios más estables y competitivos, incluso en épocas de sequía. Esto, según el ministerio, será posible gracias a la implementación de acuerdos de largo plazo que fomentarán la estabilidad del sector energético. «Con esta regulación, se garantizará un acceso más confiable y mejor manejo de los precios, lo que beneficiará tanto a los usuarios como al medio ambiente”, afirmaron en su decreto.
Es importante destacar que se establece que las empresas generadoras de energía hidráulica deberán vender al menos el 95 por ciento de su producción a un precio fijo estipulado en sus contratos. En este contexto, por ejemplo, los usuarios en la región del Caribe, que suelen recibir tarifas kilovoltio-hora entre 700 y 1,200 pesos, verán esta estabilización en las tarifas de electricidad, lo cual podría ser un alivio en su presupuesto.
El borrador del decreto considera que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) tendrá un rol fundamental, una vez que se emita, al diseñar y regular la normativa que garantice tanto la fiabilidad como la estabilidad en las tarifas eléctricas.
Finalmente, el ministro de energía concluyó que esta regulación fortalecerá la política energética del país, beneficiando a los usuarios que han estado afectados por los altos costos del servicio energético y apoyando un modelo de sostenibilidad ambiental que promueve la transición energética.
No obstante, muchos expertos en temas de energía consideran que este tipo de medidas son insostenibles, ya que contradicen principios clave del mercado como la suficiencia financiera, que asegura que las tarifas no deben llevar a la quiebra a las empresas, así como los costos eficientes, que evitan que los generadores trasladen sus ineficiencias económicas a los consumidores.
Sergio Cabralas, ingeniero industrial, administrador de empresas, y profesor de la Universidad de Anda, comentó que esta nueva regulación podría generar efectos adversos, ya que obligará a los generadores a emplear el 95 por ciento de su energía bajo condiciones específicas, lo que podría resultar en desafíos para el mercado energético.
