Los comerciantes del prestigioso Centro Comercial, situado en el corazón vibrante de San Victorino, han expresado su condena hacia situaciones críticas que amenazan la sostenibilidad de sus negocios. Entre estas problemáticas, se encuentra la recolección excesiva del impuesto a la propiedad, derivada de una evaluación que consideran completamente desproporcionada e injusta.
Los afectados han señalado que una auditoría de un metro cuadrado, establecida por el distrito de Catastro, ha determinado un valor de más de 98 millones de pesos. Este monto resulta particularmente alarmante, sobre todo cuando se considera que se ha evaluado el valor de pequeñas viviendas, las cuales apenas tienen tres metros cuadrados, en activos que superan los 650 millones de pesos. En el caso de los espacios más grandes, los valores se disparan hasta más de 2.500 millones, resultando en una carga fiscal que se ha descontrolado desde el año 2022.
Retiros inflados que no reflejan la realidad
El ministro Sandoval, quien ha estado siguiendo de cerca las quejas de los comerciantes, ha lanzado preguntas contundentes sobre el proceso de evaluación llevado a cabo por el distrito. Subraya que las tiendas en la Gran SAN están siendo evaluadas de la misma manera que los grandes centros comerciales, como Unicentro o Andino, a pesar de que no comparten la misma infraestructura ni condiciones urbanas.
«La comparación carece de sentido. La Gran SAN presenta un tipo de comercio muy diferente, compuesto por pequeñas tiendas y pasillos estrechos con distintas condiciones operativas. Evaluar una carga fiscal como si fuera la de un centro comercial es, en esencia, una penalización para los negocios populares que son generadores de empleo y contribuyen con impuestos formales», afirmó el ministro.
Diferencia de mercado y competencia injusta
La principal preocupación de los comerciantes radica en la falta de coherencia en el sistema de evaluación. Argumentan que a pocos metros de la Gran SAN existe una bodega que presenta situaciones financieras similares, donde las auditorías son hasta un 60% más bajas. Para Sandoval, esto evidencia serias fallas en el modelo de evaluación implementado en la región.
Además del impacto financiero, esta situación crea un entorno de competencia desleal. Mientras que los comerciantes en condiciones formales se enfrentan a impuestos excesivos sobre sus activos, hay otras industrias que operan al margen de la legalidad y no asumen cargas similares. «La ley está siendo ignorada», denuncia Sandoval.
Trabajos en riesgo
El Ministro ha advertido que de no solucionarse el problema, miles de empleos formales vinculados a las actividades de la Gran SAN podrían verse amenazados. Actualmente, el centro comercial sostiene más de 15,000 empleos, tanto directos como indirectos, y su eventual colapso tendría repercusiones negativas en la economía del municipio.
«El distrito no puede seguir haciendo caso omiso a esta problemática. Las empresas formales son las que sustentan una gran parte de la generación de empleo y recaudación fiscal en Bogotá.
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