La desaparición forzada en Colombia representa una de las heridas más profundas del conflicto armado, que ha marcado al país durante décadas. Paradójicamente, este grave crimen de lesa humanidad no solo no disminuyó luego de los Acuerdos de Paz firmados en La Habana en 2016, sino que en varios aspectos se ha agravado, adoptando nuevas formas y actores en el contexto del posacuerdo.
Las marcas de la experiencia
Colombia tiene una de las cifras de desapariciones forzadas más alarmantes del continente, y así lo confirman los informes del Unidad de Búsqueda de Personas Reportadas como Desaparecidasque revelan esta tendencia como consecuencia del conflicto armado, reportando datos que alcanzan hasta 100.000 casos de desaparición, dejando a familias enteras en un estado de luto perpetuo e incertidumbre.
Durante décadas, tanto grupos guerrilleros, paramilitares y agentes del Estado fueron responsables de esta práctica sistemática utilizada como herramienta de terror, control territorial y eliminación de opositores políticos, defensores de derechos humanos, líderes sociales y población civil, acciones que se llevaron a cabo en medio de una guerra de egos y poderes que dejó en el medio a los más indefensos.
Un acuerdo y una paradoja
Los Acuerdos de Paz firmados entre el gobierno colombiano y las FARC-EP en noviembre de 2016 generaron esperanzas de que la violencia disminuiría significativamente, sin embargo, la realidad ha sido más compleja de lo esperado, ya que con la desmovilización de las FARC se creó un vacío de poder en territorios previamente controlados por esta guerrilla. Diversos grupos armados ilegales disidentes de las FARC y ELN, grupos paramilitares heredados de las AUC y estructuras del crimen organizado iniciaron nuevas disputas violentas por el control de economías ilegales, rutas del narcotráfico y territorios estratégicos.
En todas estas áreas La desaparición forzada adoptó características diferentes en el contexto post acuerdo, afectando a líderes sociales, defensores de derechos humanos, excombatientes en proceso de reincorporación y comunidades que reclaman tierras o implementan programas de sustitución de cultivos ilícitos, quienes se convirtieron en objetivos prioritarios, provocando una nueva ola de violencia que se sigue expresando a través de la retención de quienes se convirtieron en las “piedras en el camino” de estos grupos que pretenden seguir delinquiendo en estas zonas.
Un regreso lleno de fuerza
La implementación incompleta de los acuerdos de paz ha sido fundamental dado que programas claves como la reforma rural integral, la sustitución de cultivos ilícitos y la presencia efectiva del Estado en territorios históricamente abandonados, han avanzado lentamente o han enfrentado obstáculos importantes y esta ausencia estatal ha permitido que los grupos armados ilegales sigan operando con relativa impunidad.
La militarización contra los liderazgos sociales constituye otro factor crítico, ya que quienes defienden el territorio impulsando acuerdos de paz y liderando procesos de restitución de tierras o denunciando economías ilegales enfrentan amenazas constantes, incluida la desaparición, que se utiliza como método para silenciar voces empoderadas y generar terror en las comunidades.
La economía ilegal del narcotráfico sigue siendo el motor de gran parte de la violencia junto con las disputas por el control de cultivos de coca, laboratorios de procesamiento y rutas de tráfico, lo que genera espirales de violencia en las que la desaparición termina convirtiéndose en una de las opciones recurrentes, adoptadas para prevalecer en medio de la guerra, según afirma el ONU a través de su portal web en abril de este año.
El papel de la justicia transicional
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada como parte de los acuerdos, ha comenzado a investigar patrones masivos de desapariciones forzadas. El macro caso sobre desaparición forzada ha revelado información crucial sobre la magnitud del fenómeno y ha permitido algunas exhumaciones y entrega de restos a familiares.
Sin embargo, el sistema enfrenta enormes desafíos como la magnitud de los crímenes, la falta de recursos, la resistencia de algunos sectores políticos al proceso de paz y la reticencia de algunos responsables a colaborar plenamente con la verdad. Otra de las razones por las que la JEP ha sido tan criticada es por su modelo de funcionamiento, ya que dentro de sus estatutos cualquier persona que colabore con declaraciones puede gozar de una especie de impunidad, ya que se argumenta que agregar cláusulas legales podría provocar que las personas que testifiquen se abstengan de decir toda la verdad de la historia por temor a represalias.
Bajo esta misma primicia, personas como Luz Marina Contreras, vocera nacional del movimiento de víctimas de crímenes de Estado en la estrategia de desaparición forzada, aprovechan espacios como el conversatorio organizado por la UBPD, para criticar tanto los acuerdos de paz como a estas entidades creadas para buscar la verdad sobre la guerra, pues según sus palabras “La JEP ha renunciado a procesar penalmente a más de 100 militares”; Por otro lado, también menciona la forma en que se eliminan los antecedentes de los involucrados en casos de desaparición forzada.
Desafíos y caminos a seguir
Para enfrentar esta crisis humanitaria, es imperativo fortalecer la presencia integral del Estado en territorios históricamente abandonados, no sólo con fuerza militar, sino con inversión social, educación, salud y oportunidades económicas legales, dado que la implementación completa de los Acuerdos de Paz no puede continuar como un proyecto postergado, del cual las víctimas siguen viendo que sus perpetradores no enfrentan las consecuencias de sus acciones.
La protección efectiva de líderes sociales y defensores de derechos humanos debe ser una prioridad, con esquemas de seguridad que realmente funcionen y no sean meros trámites burocráticos, sino que busquen desmantelar las estructuras paramilitares y sus redes de apoyo económico y político a través de una voluntad política real.
El fortalecimiento de la JEP y de la Comisión de Búsqueda de Personas Presuntamente Desaparecidas es fundamental para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas. Finalmente, la memoria histórica debe ocupar un lugar central en la sociedad colombiana para que nunca más se normalice la desaparición de seres humanos como estrategia de guerra.
La desaparición forzada en Colombia no es un problema del pasado, el agravamiento de este crimen luego de los Acuerdos de Paz demuestra que la construcción de una paz real requiere más que la firma de documentos, exige profundas transformaciones estructurales, voluntad política sostenida y un compromiso social inquebrantable con la dignidad humana y mientras haya familias que continúen buscando a sus desaparecidos, Colombia no podrá cerrar este doloroso capítulo de su historia.
Por: Concentrika Media – Universidad Central
