En su informe más reciente presentado ante el Congreso de la República, la Junta Autónoma de Reglas Fiscales (CARF) ha emitido una severa advertencia acerca de la situación económica del país. Señala que los altos niveles de deuda del Gobierno Nacional Central (CNC) han alcanzado un punto histórico que puede traer consigo serias repercusiones en la próxima década. Sin embargo, esta cuestión no es la única amenaza para la sostenibilidad de las finanzas públicas que se identificó en su análisis del contexto actual en el país.
Entre otros factores, la CARF destaca la grave inflexibilidad del presupuesto, que describen como un grave problema, ya que «reduce el margen de maniobra del gobierno y está limitando el espacio para el consumo tanto social como productivo».
Respecto a los ingresos del gobierno, el comité advierte que el crecimiento modesto esperado (una variable que frecuentemente influye en la recolección de ingresos) plantea serios desafíos para la estabilización de las finanzas públicas. A su vez, la notable diferencia entre las tasas de interés y el crecimiento económico complica la convergencia de la deuda hacia su objetivo establecido.
En cuanto a la proyección futura, la CARF anticipa que el costo estará relacionado con la dinámica del gasto en el Sistema General de Participaciones (SGP), la salud, las pensiones y los intereses, con estimaciones que podrían representar hasta 2.3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) durante la próxima década.
En particular, con respecto al SGP y las pensiones, el informe explica que las presiones surgen de reformas aprobadas por el Congreso de la República en el año anterior.
Por este motivo, la CARF recomienda urgentemente “implementar medidas que reduzcan la rigidez del presupuesto, fortalezcan los ingresos estructurales y aseguren que las nuevas reformas sean fiscalmente viables.” Según el informe, este esfuerzo solo puede llevarse a cabo mediante una coordinación efectiva entre el gobierno, el Congreso de la República y los actores de la sociedad civil.
Advertencias fundamentadas
Los analistas económicos han expresado su preocupación en relación al gasto público, subrayando que las advertencias de la CARF son completamente válidas y requieren atención inmediata.
Daniel Velandia, Director Ejecutivo de Investigación Económica en Capital Creikorpic, señala que no solo existen preocupaciones internas, sino también desafíos derivados de factores externos, como el aumento en las tasas de interés y la percepción general de la situación económica.
Además, Velandia menciona que el debate sobre la reforma de pensiones añade presiones adicionales sobre el gasto fiscal. «De acuerdo con las proyecciones del gobierno, en los próximos años podríamos estar hablando de un aumento de 3 docenas sobre el PIB solo en términos de pensiones, además podría haber un impacto de hasta 0.6 por ciento del PIB en nuestras cuentas.”
Costo fiscal y la carga de solidaridad, que suscita preocupaciones sobre la reforma de pensiones Foto:Izock
Según CARF, entre los años 2019 y 2024, los gastos del CNC crecieron en 4.6 puntos porcentuales del PIB, alcanzando un 23.2 por ciento del PIB el año pasado. Por el contrario, los ingresos solo aumentaron 0.3 puntos porcentuales, aun tras la aprobación de dos reformas fiscales.
Frente a esta situación, el comité señala que este desequilibrio ha causado un alto y persistente déficit fiscal, el cual se ve agravado por la inflexibilidad presupuestaria. Se espera que a finales de 2024, aproximadamente el 90 por ciento del consumo del CNC esté comprometido en este marco.
Finalmente, César Pabón, CEO senior de Coricolombian Economic Research, no duda de que existirán fuertes presiones en el futuro. «El aumento del gasto público discrecional en los últimos años, particularmente en áreas como el trabajo y el consumo social, se ve exacerbado por la elevada rigidez del presupuesto: cerca del 90 por ciento de los recursos, lo que limita drásticamente la capacidad de acción del gobierno para llevar a cabo reformas importantes en el ámbito de las pensiones y el SGP.
Para mitigar un mayor deterioro fiscal, es crucial implementar un plan de ahorro que optimice los costes operativos. Un ajuste generalizado en el consumo operativo podría generar ahorros significativos, estimados en al menos 20 mil millones de pesos. Además, «es urgente» seguir avanzando en la reestructuración y flexibilidad del consumo, así como en las reformas constitucionales necesarias para armonizar las responsabilidades fiscales con los recursos limitados disponibles en el Ministerio de Finanzas.
