El miércoles, la decisión de liberar a Iván Nombre Vásquez y Andrés Calle Aguas, líderes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente, tomó un giro sorprendente en el ámbito político. La orden fue emitida por la Corte Suprema, que está en el epicentro de un escándalo titulado Corrupción de Megacaso en la Unidad Nacional para el Control de Desastres (Descuento). Ambas figuras políticas están siendo investigadas por su supuesta implicación en delitos relacionados con pagos de soborno y presupuestos desviados. La Corte Suprema ha instado a investigar a Iván y Andrés en este gran escándalo.
Con un resultado de votación que mostró una división casi igualada (cuatro magistrados a favor y dos en contra), la decisión del tribunal fue aplicar medidas cautelares de carácter interno. Esta acción se basa en una montaña de testimonios y pruebas que supuestamente evidencian que Iván recibió un soborno de $3 mil millones, mientras que Andrés recibió $1 mil millón, ambos a cambio de facilitar decisiones legislativas que benefician al gobierno.
La ruta de dinero: maletas llenas de dinero, chat y vuelo; Ordenes de la Corte Suprema sobre Iván y Andrés Calle por el escándalo Agrd
El inicio de esta historia de corrupción se remonta a las revelaciones del ex-subdirector administrativo de la UNGRD, Pinilla de Sneyder, quien declaró haber entregado dinero en efectivo a ambos parlamentarios bajo las instrucciones de Olmedo López, exdirector de la unidad. Según su testimonio, se habrían realizado transacciones con Iván mediante Sandra Ortiz, una exconsejera presidencial para las regiones, en un encuentro celebrado en el Hotel Tequendama, ubicado en el corazón de Bogotá. Según Ortiz, el dinero fue recibido por un senador identificado como Iván Leonidas Nombre Ramírez.
En lo que respecta a Andrés Calle, Pinilla reveló que le había entregado el dinero en su residencia ubicada en Caza, respaldando sus afirmaciones con boletos aéreos, chats, fotos de las bolsas llenas de dinero y la ubicación precisa de la casa.
Además, se descubrió que parte de los fondos entregados se usaron para asegurar la elección de Vladimir Fernández como magistrado del Tribunal Constitucional, lo cual añade una capa más de controversia a este escándalo.
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Consecuencias políticas: podrían perder la investidura y dejar una silla vacía
Ambos parlamentarios, pertenecientes a las tradicionales festividades políticas de Iván Nombre de la Alianza Verde y Andrés Calle Al Liberal, enfrentan la posibilidad de severas consecuencias legales. Si la justicia encuentra elementos suficientes para enjuiciarlos, podrían enfrentarse a pérdidas de sus investiduras y sus asientos en el Congreso podrían quedar marcados con un foto de silla vacía, como ocurrió con el ex diputado del Senado Ciro Ramírez en el famoso escándalo del rompecabezas 2.0.
El tribunal ha recibido además declaraciones de exfuncionarios como el ex ministro del Interior Luis Fernando Velasco, el actual director de la UNGRD Carlos Carrillo y el excomandante de la DNI Carlos Ramón González. Este proceso parece estar en camino de incrementar su complejidad y alcance a medida que avanza.
Por otro lado, la defensa de Calle mantiene su inocencia y descalifica las acusaciones, describiéndolas como «dañinas e innecesarias». A medida que se presentan más pruebas, el testimonio y la evidencia acústica del testigo principal intensifican la incertidumbre y ponen en tela de juicio la integridad del parlamento bajo observación.
La nación sigue atentamente la evolución de este escándalo. La justicia parece estar cada vez más decidida en su lucha contra la corrupción. El caso de Iván Nombre y Andrés Calle podría marcar un punto de inflexión en la percepción pública sobre la ética en la política. Los ciudadanos están demandando respuestas y sanciones que sean ejemplares, mientras que la Corte Suprema establece un estándar histórico en el manejo de casos de corrupción.
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