Reparto millonario revelado tras sesión del Consejo.
La polémica por el sistema de fototicket suma un nuevo capítulo tras conocer en detalle cómo funciona el modelo de distribución de recursos, revelación que ha generado preocupación y cuestionamientos entre conductores y sectores ciudadanos. Durante una reciente sesión en el Concejo Municipal, el asesor jurídico del Consorcio de Tránsito amplió la información sobre el contrato y reveló cifras que hoy están en el centro del debate público. De acuerdo con lo anterior, el acuerdo establece que el 75% de los ingresos generados por las cámaras corresponde al consorcio operador, mientras que el 25% restante se destina al municipio. Esta distribución, que abarca todo el objeto contractual, incluye no sólo la instalación, sino también la operación integral del sistema, lo que implica costos técnicos, logísticos y administrativos permanentes. El portavoz fue enfático en aclarar que este porcentaje no debe confundirse con el límite legal del 10% que el operador privado puede recibir como beneficio directo por la instalación y puesta en marcha de los equipos. Es decir, aunque el consorcio gestiona el 75% de los ingresos, su beneficio real está limitado por ley hasta que consiga recuperar la inversión inicial. Para sustentar esta diferencia, explicó que el contrato contempla una “canasta de costos” mucho más amplia que va más allá de la instalación de cámaras. Estos gastos incluyen el mantenimiento constante de los dispositivos, la validación y autenticación de los equipos, la transmisión de datos a través de servicios de internet y todo el proceso técnico y operativo que garantiza el funcionamiento del sistema. Sin embargo, uno de los puntos más críticos es la incertidumbre sobre el tiempo en el que se recuperará la inversión. El propio consorcio reconoce que no hay una fecha definida, ya que ésta dependerá directamente del comportamiento de las infracciones y del número de citaciones impuestas. En otras palabras, el sistema se sustenta en la medida en que los conductores infringen las reglas. Ante esto, el consorcio insiste en que el principal objetivo no es recaudar dinero, sino salvar vidas. Según explicó, las cámaras fueron autorizadas en puntos identificados como críticos por su alto índice de accidentabilidad, luego de estudios realizados por la administración municipal y avalados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Además, se reiteraron los dos motivos fundamentales para la implantación del sistema: primero, la decisión de la administración de solicitar la autorización de los puntos en base a cifras reales de accidentabilidad; y segundo, la obligación contractual del consorcio de instalar y operar los equipos una vez obtenida dicha autorización.
A pesar de estas explicaciones, el debate sigue creciendo. Para muchos ciudadanos, el hecho de que la recuperación de la inversión dependa del número de multas genera desconfianza sobre el verdadero planteamiento del sistema.
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