Las campanas fiscales sacudieron la Asamblea del Meta luego de que la ministra de Hacienda, Jaidy Nieto, admitiera que el departamento no cumplió con los ingresos mínimos que exige la ley para permanecer en la primera categoría.
El funcionario fue claro: Meta no alcanzó el umbral de 170.000 salarios mínimos en facturación, lo que lo pone en camino directo a una baja en la categoría administrativa a partir de 2027.
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El panorama presentado a los diputados reveló una situación compleja. Uno de los principales shocks proviene de la caída de los ingresos transferidos, especialmente en el impuesto a la cerveza, que cayó cerca de 13.000 millones de pesos.
A esto se suma un factor estructural que ha exacerbado el problema: el aumento en curso del salario mínimo legal, que eleva automáticamente el umbral que los departamentos deben alcanzar para mantener su categoría.
El resultado es una brecha financiera que, según la propia secretaria, es cada vez más difícil de cerrar, incluso con medidas de respuesta.
Medidas
El departamento intentó implementar métodos para mejorar la recaudación, incluido un decreto de desgravación fiscal que permitió normalizar el estatus de más de 8.000 vehículos.
Sin embargo, estos esfuerzos no fueron suficientes. El saldo final dejó al departamento cerca, pero por debajo de la marca crítica, con un déficit estimado de 3.000 millones de pesos respecto a lo que exige la ley. «Muy definitivamente en 2027 no seremos el primer partido», admitió Nieto en un comunicado que generó preocupación a nivel local.
Estallido
Más allá de los datos técnicos, una posible derogación tiene profundas implicaciones. No se trata sólo de un cambio administrativo: implica una reducción de la capacidad de gasto, especialmente en operaciones, y limita la independencia financiera del departamento.
En términos políticos, también es un golpe para la administración departamental, que tendrá que responder al deterioro de las finanzas en un contexto donde el debate se ha centrado en la gestión y la estabilidad.
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