La Oficina del Fiscal General ha dado un importante paso contra las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de drogas, al decretar la extinción del derecho de dominio sobre un total de 36 bienes que están vinculados al conocido «clan de clan Meyendorff». Este grupo es señalado como una supuesta red transnacional que se dedica al envío de cocaína hacia los Estados Unidos y otros destinos internacionales, lo que ha generado una preocupación significativa a nivel global en materia de narcotráfico.
La medida judicial afecta a 23 propiedades tanto urbanas como rurales, 10 establecimientos comerciales, dos vehículos y una sociedad. Se alega que estos activos fueron adquiridos con los recursos provenientes del tráfico de drogas de los hermanos Juan Fernando e Ignacio Álvarez Meyendorff. Ambos están bajo investigación actual por su presunta participación en actividades criminales de gran escala, lo que resalta la magnitud de las operaciones ilegales en las que están involucrados.
Los bienes afectados se distribuyen en varias ciudades de Colombia, incluyendo Bogotá, Cali, Palmira (Valle del Cauca), Medellín (Antioquia) y Girardot (Cundinamarca). Entre la lista de propiedades confiscadas se hallan apartamentos, casas, lotes, oficinas y estacionamientos, así como empresas vinculadas a distintos sectores como el agrícola, la estética, el comercio y la automoción. Esto demuestra la variedad de intereses comerciales que estos individuos han podido desarrollar con el dinero ilícito acumulado.
De acuerdo con la investigación llevada a cabo por las autoridades, estas propiedades están registradas a nombre de personas cercanas al círculo familiar de los Álvarez Meyendorff. Esta táctica tiene como objetivo principal ocultar el origen ilícito de los recursos y ofrecer una apariencia de legalidad a los bienes involucrados. Se destaca que se mezcla capital legal con dineros obtenidos del tráfico de drogas, una estrategia que se ha vuelto común en las operaciones de lavado de activos. Esta práctica es alarmante, ya que permite a los delincuentes disfrutar de los beneficios económicos de sus acciones criminales a la vista de la sociedad.
La Oficina del Fiscal se apoya en informes de expertos, evidencia documental y condenas promovidas por autoridades judiciales de Estados Unidos y Argentina, donde también se ha investigado la operación del presente entramado criminal. Estas pruebas son fundamentales para validar la efectividad de la medida de extinción de dominio, demostrando una cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico.
El caso está siendo procesado por un fiscal perteneciente a la Dirección especializada de extinción de dominio derecho, quien ha decretado que la medida tiene origen legal. El expediente ha sido enviado al poder judicial para que continúe con el proceso legal, en el cual aún existe la posibilidad de que se introduzcan recursos legales pertinentes por parte de los afectados.
Con esta resolución, la Oficina del Fiscal reafirma su compromiso con la lucha contra el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Se evidencia el uso de herramientas legales como la extinción de dominio para debilitar el poder financiero de organizaciones delictivas. La entidad también subraya que la información proporcionada se divulga por razones de interés general y con un enfoque en mantener la transparencia institucional, lo que fortalece la confianza pública en las instituciones encargadas de la seguridad y justicia en el país.
