La prolongada espera de los pueblos indígenas y de las comunidades poco convencionales de los tuqueros, quienes anhelan contar con una infraestructura de salud adecuada, ha culminado recientemente en un desenlace doloroso. Tras casi una década marcada por promesas incumplidas y proyectos inconclusos en Ipaine y Yascual, el gobierno local finalmente declaró el inicio de los IP indígenas Julián Carlosama. Esta decisión, formalizada en la ley del 22 de abril de 2025, ha suscitado numerosas inquietudes respecto al acceso a los servicios de salud y al destino de las inversiones realizadas desde el año 2015, según lo expresó el ministro Alex Lima.
El ministro Lima destacó que para las comunidades de Túquerres, la construcción de la sede y la infraestructura eléctrica del IPS Julián Carlosama representaba una esperanza significativa de mejora en la atención médica. No obstante, un año después de que se lanzara esta iniciativa, el proyecto se ha visto envuelto en una serie de problemas que han impedido su avance. Estas dificultades han generado desconfianza entre los habitantes, quienes ven sus esperanzas desvanecerse.
El funcionario agregó que las autorizaciones por parte del gobierno local han manifestado que, tras completar todos los procedimientos legales necesarios, se ha determinado que no hay otra alternativa más que iniciar el proceso de terminación unilateral del contrato con las empresas constructoras involucradas. Esta situación ha llevado a cuestionamientos críticos sobre la efectividad y la administración del proyecto.
El proceso de separación y rescisión del contrato, conforme a lo indicado por las propias fuentes, se llevará a cabo en múltiples etapas. En la primera fase, expertos en distintas áreas realizarán evaluaciones detalladas de cada aspecto del proyecto. Después de estas evaluaciones, se invitará a las partes interesadas a participar en un proceso de discusión para evaluar una tarifa de acuerdo mutuo sobre los avances obtenidos y las dificultades encontradas.
Al concluir el proceso de intercambio formal, la Agencia Administrativa tiene como objetivo comunicar a los reguladores competentes, incluyendo la Regalía General (SGR), quien financió en gran parte el proyecto, para que se inicie una investigación exhaustiva sobre los hechos ocurridos. Este paso es crucial para entender las responsabilidades y buscar posibles soluciones a la crisis que invade a la comunidad.
Las interrogantes sobre la responsabilidad detrás del fracaso de esta ambiciosa iniciativa y el futuro de los edificios que han quedado en el abandono resuenan con fuerza entre los miembros de la comunidad. ¿Quién asumirá la responsabilidad por el uso ineficiente de los fondos públicos que se han invertido en este proyecto a lo largo de los años? ¿Qué utilidad pueden ofrecer estas infraestructuras a las comunidades, que en un momento fueron vistas como faros de esperanza, pero que ahora simbolizan el fracaso colectivo? Estas son preguntas críticas que todavía no tienen respuestas claras y que mantienen a los residentes de Túquerres en un estado de incertidumbre y tensión palpable.
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