El Defensor del Pueblo, Iris Marín ha emitido un urgente llamado a la atención del gobierno nacional, instando a que se tome acción inmediata frente a la actual crisis de seguridad que afecta gravemente a las regiones de Bajo Calima y el Catatumbo. Esta súplica no solo resalta la urgencia de la situación, sino que también pone de manifiesto la vulnerabilidad de la población que vive en estas áreas marcadas por la violencia y el conflicto.
El Defensor del Pueblo señala que el estado humanitario en Bajo Calima ha deteriorado considerablemente, impactando a más de 4,000 personas que ahora enfrentan condiciones difíciles y peligrosas. La situación se ha intensificado debido a la feroz disputa por el control territorial entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo. Este último se ha aliado con el grupo conocido como Jaime Martínez, lo que ha llevado a un incremento en los enfrentamientos y una escalada de la violencia. Las disidencias de las FARC que operan en la región también están involucradas en este conflicto, lo que complica aún más la búsqueda de estabilidad y paz.
En relación con el conflicto en Catatumbo, Iris Marín declaró que la guerra continúa sin tregua. Un incidente reciente ha conmocionado a la comunidad local: en el camino 20 de julio, situado en el municipio de Tibu, se produjo un ataque en el que se lanzaron artefactos explosivos desde un dron. Este ataque resultó en la trágica muerte de un niño de apenas 12 años y dejó a su madre gravemente herida, además de cinco niños y tres adultos también afectados. Estos eventos son solo un reflejo de la grave crisis de seguridad que se vive en la región y de cómo la vida de los civiles se ve constantemente amenazada.
En los últimos días, la violencia ha experimentado una alarmante intensificación en Catatumbo, con ataques aéreos realizados por drones que están aterrorizando a la población en el área rural de Tibu. Esta escalada de violencia crea un clima de miedo y desesperación, y resalta la necesidad de intervención inmediata por parte de las autoridades para proteger a los ciudadanos inocentes atrapados en medio del conflicto.
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