El Ministerio de Trabajo emitió una circular que regula uno de los aspectos más sensibles de las relaciones laborales: Terminación de contratos con personas con mayor actividad o estabilidad laboral por incapacidad o condiciones de salud.
Con esta medida, El Ministerio intenta establecer reglas claras para evitar decisiones discriminatorias y garantiza el respeto a la Constitución y los tratados internacionales.
La directriz establece un un requisito básico para cualquier empleador, proponente o contratista que pretenda terminar la relación con un empleado en estas condiciones: solicitar aprobación previa del Ministerio de Trabajo.
Este paso es necesario y está previsto. asegurar que la decisión no viola los derechos fundamentales del ciudadano afectado.
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Consecuencias de no seguir el procedimiento
Hacer caso omiso a esta directriz puede tener graves consecuencias para las empresas o entidades. Si se demuestra el incumplimiento, Las sanciones judiciales pueden incluir el reintegro inmediato del trabajador.
Además, puedes ordenar pago de salarios o honorarios no pagados y la obligación de implementar ajustes razonables en el lugar de trabajo. También se prevé una indemnización de 180 días de salario.
Estas disposiciones se basan en jurisprudencia constitucional válida, así como en regulaciones clave. como la Ley 1618 de 2013 y la Ley 361 de 1997, diseñadas para proteger a las poblaciones vulnerables en el ámbito laboral.
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¿Qué evalúa el Ministerio de Trabajo para emitir un permiso?
Para que la administración del trabajo apruebe el despido, Se deben suministrar varios filtros para su verificación. Entre los criterios analizados se encuentran:
- Que se han agotado todas las posibilidades de ajustes razonables, adaptación o reubicación de trabajadores.
- Que la rescisión se base en una causa objetiva o motivo justificable legalmente demostrable.
- Que la decisión no sea por motivos discriminatorios relacionado con el estado de salud de una persona.
Es importante destacar que este procedimiento no se limita a los contratos de trabajo tradicionales. La circular aclara que la medida incluye los contratos de aprendizaje, las relaciones profesionales no subordinadas y los contratos de servicios.
En el caso de los funcionarios públicos, Se requiere validación adicional por su especial protección constitucional.
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Tiempos de respuesta
Para simplificar los procesos y evitar la inseguridad jurídica, la circular establece plazos específicos. El plazo máximo para resolver la solicitud es de tres meses.
Sin embargo, se han establecido normas internas más breves: 30 días para situaciones de incompatibilidad insuperable y 15 días hábiles cuando se alegue motivo justificado.
Para garantizar la transparencia del proceso así lo ordenó el Ministerio de Trabajo Todos los procedimientos quedan registrados en el sistema de información, lo que permite un seguimiento detallado de cada caso.
*Este artículo fue desarrollado con el apoyo de inteligencia artificial (IA) y revisado por un periodista.
