En el contexto actual del debate en torno a la Quinta Comisión del Senado, el diputado del Senado Miguel Barreto, originario de Tolima, ha expresado su crítica hacia el servicio policial y empresas como Celsia, señalando una serie de responsabilidades vinculadas a lo que considera un tipo de cambio vergonzoso. «Nos están permitiendo a nosotros y a nadie responde», expresó Barreto, subrayando la falta de atención y rendición de cuentas en el sector. Según él, el sistema de energía colombiano está bajo el control de un oligopolio, el cual se dedica a realizar cobros insaciables mientras ofrece servicios deficientes y repletos de errores.
La situación para los residentes de Tolima ha sido cada vez más problemática. La oscuridad persiste, con cortes de energía que pueden ocurrir hasta 12 veces al día, y con la tensión que provoca daños en los dispositivos electrónicos de los habitantes de municipios como Espinal, Chaparral o Mariquita. A pesar de esta crisis, cuando se busca una respuesta de los oficiales de policía, la respuesta es desalentadora: «Todo está bien». Esta desconexión evidente entre las autoridades y la experiencia cotidiana de los ciudadanos refleja un profundo descontento con un sistema institucional que parece estar diseñado para proteger los intereses de las grandes corporaciones en lugar de ofrecer respaldo a los ciudadanos comunes.
Cabe destacar que Barreto también condenó el hecho de que, en un momento en que el país discute la necesidad de energía limpia y un cambio hacia fuentes más sostenibles, las empresas que dominan el mercado parecen estar deteniendo este progreso. Más preocupante es el rechazo de estas compañías a conceder licencias esenciales para el desarrollo de proyectos solares y eólicos. Esta resistencia está obstaculizando el avance de Colombia hacia una matriz energética más económica y sostenible, lo que genera un claro riesgo para el futuro energético del país. En consecuencia de su discurso crítico, se logró que un funcionario de los servicios públicos visitara Tolima para evaluar la situación de primera mano. Sin embargo, las interrogantes persisten: ¿será este funcionario capaz de aportar soluciones efectivas o simplemente justificará el desastre actual?
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