La oficina del Fiscal General ha presentado cargos formales en contra del ex gobernador de La Guajira, Jorge Eduardo Pérez Bernier, por su presunta implicación en los crímenes de contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales agravados. Esta acusación representa un paso significativo en la lucha contra la corrupción en la región y se enmarca dentro del compromiso del gobierno de investigar y sancionar las irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Los hechos que dan lugar a esta acusación están asociados con una serie de contratos celebrados entre los años 2008 y 2011 durante el tiempo en que Pérez Bernier ejerció su mandato en La Guajira. Uno de los contratos más relevantes está relacionado con el Plan de Agua del Departamento, que tenía un valor de aproximadamente 130 millones de dólares. De esta suma, 90 millones de dólares provendrían de un préstamo otorgado por el Banco Mundial, mientras que los restantes 40 millones serían recursos de origen público que deberían ser manejados con la máxima transparencia y bajo los procedimientos legales establecidos.
Para asegurar el correcto desembolso de los fondos comprometidos en este acuerdo, la gobernación de Guajira estaba obligada a seguir los procesos contractuales establecidos por la entidad financiera internacional. Por ello, necesitaba obtener dos cartas fundamentales: una que aprobara las especificaciones del contrato y otra que emitiera una no objeción para proceder a la firma del mismo.
No obstante, el gobierno no logró obtener el respaldo necesario para continuar con la contratación. Pese a esto, Pérez Bernier dio instrucciones a su administración para que siguiera adelante con el proceso, así como para que se utilizara el recurso de regalías como garantía para el presupuesto asignado a dicho contrato.
Finalmente, esto culminó en la firma del contrato 295, que fue oficializado el 30 de diciembre de 2010, con un monto total de 5,786 millones de pesos. Este contrato tenía como objetivo la mejora de las secciones de alcantarillado sanitario en el vecindario de Arriba Riohacha, ubicado en La Guajira. Es importante señalar que dicho contrato estaba completamente financiado con recursos públicos, lo que implica que debía ser tramitado conforme a los parámetros establecidos en la Ley 80 de 1993, que regula la contratación general de la administración pública. Esto incluye la necesidad de realizar una licitación pública, junto a estudios de conveniencia, oportunidad, costos y demás consideraciones pertinentes.
Sin embargo, en este caso específico, parece que no se siguieron las pautas establecidas por el Banco Mundial, ya que la agencia internacional no había otorgado la autorización definitiva necesaria para comenzar con las iniciativas relacionadas con el mencionado Plan de Agua del departamento.
La entidad encargada de la investigación ha llegado a la conclusión de que Jorge Eduardo Pérez Bernier no habría supervisado adecuadamente el proyecto, ni habría ejercido el control necesario sobre el mismo, lo cual podría tener graves repercusiones legales y administrativas.
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