Ordenaron dos días de arresto y considerables multas para Adriana Matiz.
La gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, ha sido sancionada con un arresto de dos días y una multa equivalente a dos salarios legales mínimos actuales. Este castigo se debe a su intervención en la custodia emitida por la justicia penal municipal respecto al tema de responsabilidad y conocimiento de Chaparral. Esta decisión judicial fue el resultado de una demanda presentada por Diana Milena Muñoz Orjuela, en relación con el Instituto Educativo La Rizalda, que había solicitado el transporte al entorno urbano en Chaparral con el fin de garantizar los derechos fundamentales de su familia.
Trasladarse
La orden original, que se publicó el pasado 20 de marzo, requería el traslado del maestro para asegurar que su hija menor pudiera recibir atención médica urgente. Esta niña padece enfermedades crónicas, y también se buscaba garantizar el acceso para su hija mayor a la educación. Sin embargo, el gobierno de Tolima decidió mover al maestro a la sede de IE Simón Bolívar, ubicada en el Corregimiento de Marina, un área rural con condiciones igualmente precarias que las de Chaparral.
El juez Álvaro Hernán Piedrahi Grajales criticó esta decisión, argumentando que no estaba alineada con las disposiciones de la Corte. Según él, la nueva sede tampoco garantizaba el acceso adecuado y oportuno a atención médica o educación de calidad. De hecho, el Centro Médico más cercano es el Hospital San Juan Bautista, que se encuentra en el área urbana de Chaparral, y resulta prácticamente inaccesible desde la Marina en situaciones de emergencia.
Declaración
El abogado Gerroán Huartos, quien forma parte del equipo legal de Sutet Simatol, celebró la decisión del juez y explicó que esta acción es parte de un conjunto de procesos similares que siguen avanzando. «Nuestro bufete está comprometido a apoyar a nuestros asociados en sus reclamos. Este fallo debe ser visto como una clara advertencia para la junta», expresó Huartos.
Al mismo tiempo, destacó otro caso en el que el Ministro de Educación de Tolima, Andrés Felipe Bedoya Cárdenas, recibió una sanción de cinco días de arresto por no cumplir adecuadamente con las medidas de protección destinadas a las maestras embarazadas, otro aspecto que no fue manejado de manera adecuada por el gobierno.
Credibilidad
El fallo emitido también debe ser enviado a la oficina del Ministro de Justicia y será revisado en el marco de los casos penales del Circuito Chaparral. El juez subrayó la necesidad de cumplir con la sentencia de protección sin ninguna demora, y, al respecto, advirtió: «En los casos que involucran derechos fundamentales, la sanción debe ser drástica para prevenir cualquier futura reincidencia». Este mensaje busca reforzar la importancia de proteger los derechos de todos los ciudadanos, especialmente en temas tan sensibles como la educación y la salud.
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