El ex alcalde de Prado, Álvaro González Murillo, ha sido condenado a una pena de siete años y cuatro meses de prisión debido a su implicación en una red de corrupción que operó durante su mandato entre 2016 y 2019. Esta sentencia es el resultado de una investigación exhaustiva llevada a cabo por las autoridades competentes, quienes hallaron pruebas de irregularidades graves en los procesos de contratación pública durante su gestión.
La sentencia establece que González Murillo es culpable de delitos relacionados con la prioridad indebida a través de acciones que favorecían intereses particulares en la adjudicación de contratos. En este contexto, se ha demostrado que existieron contratos que no cumplían con los requisitos legales estipulados, en especial en la contratación de la construcción de un puente sobre el río Negro, un proyecto clave para la infraestructura del municipio. La investigación puso de manifiesto fallas significativas en el análisis y la ejecución de esta obra.
En enero de 2016, el ex alcalde tomó la decisión de retirar de manera unilateral y urgente un proyecto previamente aprobado para la construcción y revisión del puente. No obstante, su accionar no fue transparente, ya que en abril del mismo año, inició otro proceso de licitación bajo una nueva urgencia y, en julio, emitió una directiva que autorizaba contratos por un monto que superaba los $2.3 mil millones. Este giro en los acontecimientos ocurrió sin llevar a cabo convocatorias públicas o permitir reclamos legales, lo que contraviene los principios de la contratación pública.
A pesar de que se enviaron documentos a la administración del gobierno para solicitar apoyo para la ejecución del proyecto, las autoridades fiscales determinaron que tanto la declaración presentada en 2015 como la de 2016 no cumplían con los estándares legales necesarios. Este hallazgo significativo, presentado por la Fiscalía, evidenció que el uso de la figura de urgencia se había instrumentalizado como una herramienta para favorecer a ciertos intereses privados y no como un verdadero mecanismo para atender necesidades urgentes de la comunidad.
El puente, que se convirtió en el epicentro del escándalo, había estado colapsado durante más de 15 años, periodo en el que se realizaron diversas contrataciones irregulares. A día de hoy, el proyecto permanecía inconcluso, a pesar de las cifras multimillonarias en juego, lo que refleja un grave daño tanto a la administración pública como a los ciudadanos del municipio que dependen de esta infraestructura.
18
