La ministra de Bogotá, Quena Ribadeneira, ha expresado su profunda preocupación y condena respecto a la renuncia del gobierno de distrito en relación con la creciente crisis de extinción que enfrenta la ciudad. Esta crítica se fundamenta en datos alarmantes que indican que se registran un promedio de 40 casos semanales de extorsión, lo que ha llevado a un estado de angustia entre la población. Las cifras son particularmente inquietantes en varias localidades, donde se reportan concentraciones más altas: Suba con 61 casos, Kennedy con 51, Engativá con 42, Usaquén con 40 y Santa Fe.
Este fenómeno delictivo se caracteriza por su intensificación después del mediodía y durante las noches, siendo más prevalente en días específicos, a saber: los lunes, jueves y viernes. Estas jornadas parecen ser las preferidas por los delincuentes, quienes aprovechan la mayor vulnerabilidad de los ciudadanos en esos momentos. Es notorio cómo la modalidad de operación ha evolucionado, utilizando métodos que incluyen amenazas directas, llamados intimidantes y, en particular, extorsiones llevadas a cabo a través de las redes sociales. Esta tendencia revela un cambio significativo en la naturaleza del crimen, que cada vez más se adapta a un entorno digital.
La implicación de este cambio no es menor; la digitalización de la extorsión presenta nuevos desafíos tanto para las autoridades como para los ciudadanos. Mientras que en el pasado las amenazas físicas y los métodos tradicionales eran las tácticas más comunes, ahora los delincuentes están incursionando en un ámbito donde la tecnología juega un papel crucial. Este desarrollo ha generado un clima de miedo y desconfianza, impidiendo que la población se sienta a salvo en su propia ciudad.
Quena Ribadeneira ha llamado la atención sobre la necesidad de implementar medidas más efectivas por parte del gobierno, subrayando que la seguridad ciudadana debe ser una prioridad fundamental. Para abordar esta creciente crisis, es imperativo que las autoridades inicien esfuerzos coordinados y eficaces que incluyan no solo acciones inmediatas para contener los delitos, sino también estrategias a largo plazo que aborden las causas subyacentes de la delicuencia y promuevan la inclusión social y la educación en tecnología.
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