En un giro inesperado dentro del panorama político, el Agrd se convierte en el epicentro de controversias en menos de 24 horas. La Corte Suprema ha emitido órdenes de arresto contra Iván y Andrés Calle, quienes anteriormente ocupaban la presidencia del Parlamento. Las acusaciones que pesan sobre ellos son graves: se les señala por haber recibido un soborno millonario con el objetivo de promover la reforma del gobierno. Además, la fiscalía, bajo la dirección de María Alejandra Benavides, también ha puesto en el punto de mira a la Exassora, quien ya enfrenta acusaciones de corrupción provenientes del Ministerio de Finanzas. Por otro lado, la situación relacionada con la UNGRD se complica, ya que se han realizado dos arrestos por parte de la MPS, aunque aún falta un nombre clave en la investigación.
A pesar de que la justicia está avanzando, aún hay varios implicados que no han sido sometidos a cargos. Testigos cruciales, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, el ex director de la UNGRD, han aportado nombres y documentos importantes. Sin embargo, la fiscalía no ha procedido contra algunos de los personajes ubicados en el Palacio de Nariño, lo cual suscita interrogantes sobre la administración de la justicia.
¿Qué está pasando con Ricardo Bonilla?
Un nombre que resalta en esta red de corrupción es el de Ricardo Bonilla, el ex Ministro de Finanzas. Maria Alejandra Benavides, quien ocupó un cargo importante, ha declarado que Bonilla permitió manejos de fondos que ascienden a $700,000 millones. Una parte significativa de este dinero acabó en un controversial contrato relacionado con Tanky en La Guajira.
A pesar de estas inquietantes revelaciones, Bonilla aún no ha sido llamado a comparecer ante la fiscalía. Este silencio por parte de los investigadores ha llevado a la oposición y a varios analistas a cuestionar la situación, sugiriendo que podría estar facilitando la financiación de programas destinados a comprar apoyo legislativo.
Otro implicado en esta trama es César Manrique, quien trabajó anteriormente en servicios públicos. Según la declaración en contra de Sneyder Pinilla, Manrique fue responsable de desviar recursos de la Agencia Nacional hacia la UNGRD. También ha salido a la luz el nombre de Carlos Ramón González, ex director de Dapre, quien ha sido vinculado a pagos que suman $4,000 millones a parlamentarios.
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Más acusaciones en el horizonte; Revelaciones sobre corrupción en UNGRD
Las recientes detenciones de Iván y Andrés Calle, en la «Parlamento» de La Picota, podrían ser solo la punta del iceberg. Con el tiempo, se han mencionado nuevas acusaciones que giran en torno a figuras centrales en lo que algunos llaman el «Presidente de Sanedrín».
En la línea de la investigación, Sandra Ortiz, quien es la única acusada de lavado de dinero hasta la fecha, se dice que gestionó $3,000 millones, que se habrían discutido en una reunión en el Hotel Tequendama. Además, existen conexiones reportadas entre ella y el magistrado Vladimir Fernández, aunque este aspecto aún no ha sido debidamente investigado.
Los indicios sugieren que otros miembros de esta red podrían ser Ríos, así como sus familiares Ana María y Sonia Rocío Riveros, quienes junto a integrantes de la Fundación Yapurutu, estarían implicados en contratos relacionados con la Agencia Nacional de Tierras.
La oficina del fiscal tiene en su poder pruebas tangibles, incluidos audios y testimonios, lo que elevada la presión para que se actúe contra aquellos que han contribuido al desvío de recursos públicos, fortaleciendo así la demanda de justicia y responsabilidad en el entorno político.
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