El sábado 29 de noviembre de 2025, el expresidente estadounidense Donald J. Trump anunció a través de su cuenta en la red social Truth Social que el espacio aéreo “sobre y alrededor” de Venezuela debe considerarse “completamente cerrado”. En su mensaje, dirigido a «aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas», Trump dijo: «por favor considere CERRADO CERRADO CERRADO CERRADO CERRADO CERRADO CERRADO CERRADO CERRADO ARRIBA Y ALREDEDOR DE VENEZUELA.
La declaración marca una importante escalada en el conflicto entre Washington y Caracas, en medio de una campaña de presión política, diplomática y militar por parte de la administración estadounidense. La medida es parte de una política más amplia: recientemente, la administración Trump desplegó buques de guerra en el Caribe, autorizó operaciones de inteligencia encubiertas y llevó a cabo bombardeos contra barcos que, según afirma, están vinculados al narcotráfico.
La respuesta del gobierno venezolano fue inmediata. A través de la Cancillería, Caracas calificó la operación como una «amenaza colonial» y la condenó como un «acto hostil, unilateral y arbitrario» que viola su soberanía, el derecho internacional y las reglas de la aviación civil internacional.
Según el comunicado oficial, Venezuela exige «respeto irrestricto» a su espacio aéreo y advierte que «no aceptará órdenes, amenazas o injerencias de una potencia extranjera»; Además, define la declaración como un «ataque excesivo, ilegal e injustificado».
La tensión va más allá de lo simbólico: a raíz de la advertencia de Trump y de una advertencia anterior de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, varias aerolíneas internacionales anunciaron la suspensión de vuelos hacia y desde Venezuela. Ante esto, Caracas revocó las licencias de operación de seis aerolíneas que habían suspendido sus rutas, generando gran incertidumbre entre los pasajeros, los pasajeros y el transporte aéreo.
En su forma más grave, algunos expertos describen la escala del potencial preludio de una acción militar más contundente, argumentando que el «cierre total del espacio aéreo» suele preceder a bloqueos, ataques o intervenciones directas. El anuncio, advierten, no sólo afecta al gobierno en el poder, sino que podría perjudicar a los ciudadanos comunes: interrupciones en los vuelos comerciales y humanitarios, dificultades para traer suministros esenciales y un impacto en la ya frágil economía de Venezuela.
Por su parte, portavoces del Gobierno venezolano han llamado a los organismos internacionales, entre ellos la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y Naciones Unidas, a condenar lo que califican de «agresión sin sentido» y proteger las aguas territoriales de Venezuela.
En medio de esta atmósfera de conflicto diplomático y militar, surgen muchas preguntas: ¿Se implementará una zona de exclusión aérea? ¿Cómo afectaría eso al pueblo de Venezuela, a los migrantes y a las aerolíneas internacionales? ¿Será este un movimiento estratégico más allá de la publicidad mediática? Por ahora, está claro que la tensión entre Washington y Caracas ha aumentado a un nuevo nivel, con efectos directos sobre la soberanía, la aviación civil y la estabilidad regional.
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