El presidente Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, es investigado por presuntos contratos de tratamiento
Recientemente se ha hecho pública la noticia de que el fiscal 21, especializado en crímenes contra la administración pública, ha iniciado una investigación formal en contra de Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol. Esta acción judicial surge a raíz de su supuesta implicación en contratos polémicos relacionados con la asistencia a una aerolínea local. La denuncia que desencadenó este procedimiento fue presentada por Helicóptero Nacional Colombiano SAS (Helicol), a través de Julián Quintana, quien representa legalmente a la empresa. Quintana sostiene que desde el año 2011, se ha instaurado un sistema de reclutamiento que ha obstaculizado la competencia genuina en el ámbito de los servicios de transporte aéreo, en particular, utilizando criterios desprovistos de equidad en favor de Helistar.
En la queja formal se afirma que el modelo de contratación poseía requisitos técnicos que eran desmedidos e injustos, así como la cancelación inexplicable de subastas abiertas cuando otras compañías intentaron participar. Además, se mencionan extensiones de contratos que se realizaban de manera irregular, lo que favorecía a Helistar al convertirla en la única beneficiaria de los acuerdos establecidos durante un período que abarca hasta 14 años. Estas prácticas no solo han afectado la competitividad en el mercado, sino que también han llevado a Helicol a una «bancarrota técnica», dificultando su operación y presencia en la industria.
Quejas
Dentro de la denuncia, también se expresa que algunos funcionarios que trabajan en Ecopetrol, así como en sus subsidiarias Cenit y Ocensa, estarían involucrados en la organización de un proceso contractual que favoreció, de manera ilícita, a la empresa Helistar. Un nombre destacado en el escándalo es Harold Ramírez, quien había mantenido vínculos previos con Helistar. Se subraya que entre las irregularidades se señala la exigencia de una antigüedad particular de vehículos que coincidía imprópiamente con la flota de helicópteros de la compañía, así como requisitos de suministro que eran casi imposibles de cumplir para otros competidores.
Asimismo, se critica que varios procedimientos de licitación han sido cancelados en diversas ocasiones sin justificación técnica, con el único propósito de evitar que Helistar tuviera competencia en el sector. Ante esta situación alarmante, la oficina del fiscal ha solicitado que el representante legal de Helicol, Santiago Triviño López, se presente, junto a su abogado Julián Quintana, para una entrevista con los demandantes programada para el miércoles 14 de mayo.
Hasta el momento, Ricardo Roa Barragán no ha emitido ninguna declaración pública en relación con dicha queja. La investigación ha añadido un nuevo nivel de complejidad a las acusaciones en su contra, las cuales están vinculadas a supuestas irregularidades en la gestión de contratos públicos en Ecopetrol.
Esta controversia ha generado una creciente inquietud en el sector energético, así como críticas sobre la transparencia en los procesos de contratación pública en relación con estándares de responsabilidad ambiental. La sociedad civil y diversas autoridades esperan que las investigaciones prosigan y que se ofrezcan explicaciones claras sobre los acontecimientos, para determinar si hay responsabilidades penales que se deban abordar.
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