En el marco de una operación militar coordinada, el Batallón de Infantería No. 22, en colaboración con el CTI del Oficina del Fiscal General, llevó a cabo una intervención significativa en un área minera situada en el municipio de Norcasia, en el departamento de Caldas. Esta acción no solo estuvo destinada a salvaguardar la seguridad de la región, sino que también tuvo un impacto considerable en la economía ilegal de la minería, con un efecto que se estima en más de 180 millones de pesos. Esta operación refleja el compromiso de las fuerzas armadas y de las autoridades para erradicar actividades ilícitas que afectan tanto al medio ambiente como a la comunidad.
Durante esta intervención, los soldados se encontraron con un ingenioso canalón de lavado de draga, el cual se había diseñado para facilitar la extracción de minerales de manera poco ética. Junto a este canalón, los efectivos también descubrieron un motor de combustible y diversos materiales que eran utilizados en el desempeño de esta actividad ilegal. La existencia de dicho equipo evidencia la infraestructura desarrollada para llevar a cabo estas operaciones extractivas, que a menudo operan al margen de la ley y que, en este caso, fue efectivamente desmantelada por las autoridades.
Asimismo, al proceder con la verificación del lugar, se descubrieron una serie de maquinarias que reforzaban la magnitud de la actividad ilícita. En total, los soldados hallaron 8 motores, 6 motobombs, 2 transformadores y 2 torres de metal, un conjunto de materiales que, a su vez, tendría un valor estimado en 39 millones de pesos. Este hallazgo no solo demuestra el volumen de recursos que se utilizaban para la minería ilegal, sino también la organización detrás de estas empresas que operan sin regulación y en detrimento del entorno natural.
Además, se determinó que en el sitio se extraían aproximadamente 62 gramos de oro mensualmente, lo que equivale a un valor total de 26 millones de pesos. Este ingreso ilegal representa un golpe significativo a la economía criminal en la región, puesto que, según las estimaciones de las autoridades competentes, esta interrupción se traduce en un impacto económico superior a los 180 millones de pesos. Esta cifra pone en perspectiva los niveles de actividad ilícita que existían en el área y la necesidad imperante de intervenir.
Es importante señalar que el afluente de agua que se asocia con estas actividades mineras se dirige al río La Honey, el cual ha sufrido notables alteraciones debido a las intervenciones de excavación en la zona. Estas alteraciones no solo afectan la calidad del agua, sino que también pueden tener repercusiones devastadoras sobre el ecosistema circundante, lo que agrega otra capa de urgencia a la necesidad de combatir la minería ilegal.
Nota recomendada: el ejército evita que 600 familias caigan en minas de antipersona de plata.
