El Oficina del Fiscal General Reveló que un funcionario del fondo para la reparación de las víctimas estaría involucrada en un esquema de corrupción a través del cual habría adquirido bienes raíces con recursos de origen ilícito, entre 2015 y 2017.
Según la investigación, los involucrados habrían participado en una red penal que aumentó las medidas de embargo en activos ubicados en los departamentos de Bolívar y CórdobaLuego, comercialízelos de manera irregular a terceros. Esta actividad se habría llevado a cabo a través de diversas maniobras fraudulentas, generando enriquecimiento injustificado.
Para estos hechos, varios servidores públicos e individuales estaban formalmente vinculados a una investigación penal por los delitos de concierto para cometer crímenes, Enriquecimiento ilícito y falsedad en el documento público.
Como parte del proceso, la dirección especializada de extinción de la oficina del fiscal impuso medidas de precaución de Suspensión de la potencia del dispositivo, embargo y secuestro en cuatro propiedades rurales ubicadas en el municipio de Turbaco (Bolívar)que estaría en nombre de uno de los funcionarios involucrados.
Las propiedades se valoran en más de 412 millones de pesosy estará bajo la administración del Sociedad de activos especiales (SAE) Mientras que el proceso de extinción de dominio progresa.
La Oficina del Fiscal reiteró su compromiso con la lucha contra la corrupción y el despojo de bienes adquiridos a través de actividades ilegales, especialmente aquellos que afectan los procesos sensibles como una reparación integral para las víctimas del conflicto armado
