Un nuevo aumento en los precios de los combustibles comenzó a regir en Colombia desde el pasado 1 de abril, tras el anuncio realizado por la Comisión Reguladora de Energía y Gas, generando preocupación en distintas regiones del país por su impacto en la economía.
El ajuste estableció un aumento de 375 pesos por galón en la gasolina regular y 81 pesos en el diésel (ACPM), revirtiendo parcialmente la reducción que se había registrado en meses anteriores y afectando directamente el bolsillo de los consumidores, especialmente en zonas alejadas.
En departamentos como Nariño, el impacto se siente con mayor intensidad, particularmente en municipios del sur y en zonas fronterizas como Ipiales, donde la dinámica económica depende en gran medida del precio del combustible.
IMPACTO
Ante este panorama, Mario Guevara, gerente de Petronar, advirtió que el aumento podría volver a incentivar el contrabando de combustible, un problema histórico en estas regiones por la diferencia de costos con los países vecinos, que afecta tanto a la economía formal como a la estabilidad del mercado.
Según explicó, esta situación genera competencia desleal, pérdidas a los distribuidores legales y también representa un riesgo para la seguridad, al estar ligada en muchos casos a economías ilegales que operan en la zona fronteriza.
Por su parte, las autoridades indicaron que continuarán monitoreando el comportamiento de los precios y sus efectos en las diferentes regiones del país, a fin de adoptar medidas para mitigar los impactos negativos.
El aumento, aunque de alcance nacional, vuelve a poner de relieve las particularidades de los territorios fronterizos, donde cualquier variación de costos genera repercusiones más profundas en la economía local.
Mario Guevara, gerente de Petronar
