En el centro de la polémica se encuentra el controvertido proyecto de reforma constitucional conocido como transfugismo político en Colombia. Esta iniciativa, que pretende permitir a los parlamentarios cambiar de partido cada cuatro años sin incurrir en sanciones ni perder sus escaños, ha comenzado a perder apoyo significativo en las últimas horas. La propuesta de transfuismo, que busca modificar la dinámica política, enfrenta ahora un notable desinterés y falta de financiación en el parlamento colombiano.
El autor de este proyecto, el senador Alejandro Chacón, admitió que la propuesta no fue concebida con la expectativa de ser aprobada desde el inicio. «Nunca pensamos que dejaría el quinto debate; siempre fue cuestión de abrir el espacio para discutir», aclaró Chacón. Hasta ahora, el proyecto ha superado cinco de las ocho discusiones requeridas, pero ahora enfrenta un panorama desalentador ante el rechazo creciente de varias bancadas políticas.
Los partidos como el Conservador, los Cambio Radical y el Centro Democrático han manifestado públicamente su intención de votar en contra de la medida, argumentando que tal iniciativa podría debilitar tanto el sistema de partidos como la institucionalidad democrática del país.
El rechazo de los partidos políticos frena la iniciativa; El Proyecto de Transfuismo pierde apoyo en el Congreso Colombiano
El Partido Conservador, liderado por la senadora Nadia Blel, fue contundente en su posición: «No refuerza el sistema del partido y resulta inapropiado en un contexto electoral que requiere estabilidad», argumentó. Por su parte, el partido U también cerró filas en contra de la propuesta, señalando: «No tenemos la intención de apoyar un proyecto que afecte la unidad ideológica de nuestras comunidades», como se expresó en un comunicado oficial.
Asimismo, parlamentarios como Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical y Angélica Lozano de la Alianza Verde han alzado la voz, criticando lo que consideran un desvío que desestabiliza la democracia. Lozano, en particular, destacó que esta reforma es un ataque directo a la justicia electoral. Motoa complementó su crítica, advirtiendo que esta propuesta parece fomentar la impunidad política y socavar el papel de la Junta de Gobernadores y la capacidad sancionadora de la Corte Suprema.
La situación es crítica, y parlamentarios como Lozano y Motoa están preocupados por las repercusiones de un proyecto que, según ellos, podría crear un marco que incentive la impunidad y debilite la gobernanza del país.
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¿Se avecina un pacto histórico? Alarmas en el horizonte
El actual liderazgo del proyecto ha indicado que estas reformas podrían beneficiar a los tratados históricos, propiciando la alineación de ciertas fuerzas políticas dentro del espectro legal. Sin embargo, Chacón ha negado que esto represente un «mico» o un truco en la presentación del proyecto, afirmando que lo que busca es restaurar cláusulas constitucionales que se perdieron en 2009. «No hay beneficios ocultos», insistió. No obstante, persisten las advertencias, especialmente debido a que la enmienda sugiere que el Artículo 107 de la Constitución podría facilitar eludir la justicia en casos de transgresión política.
Incluso la senadora María Fernanda Cabal, quien inicialmente apoyaba la iniciativa, decidió retirarse de la misma tras un análisis más minucioso. «No votaré por algo que comprometa nuestra democracia. Hay detalles que ponen en riesgo nuestros principios democráticos», publicó en su cuenta de X.
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