Durante la administración de Gustavo Petro, el país ha emprendido una ampliación sin precedentes de su red diplomática: 10 nuevas embajadas en diferentes países alrededor del mundo. Sin embargo –y en el contexto de un fuerte debate sobre la austeridad fiscal y la necesidad de reducir el gasto público– esta apuesta diplomática ha despertado críticas por el alto coste que supone para el fisco.
¿Qué embajadas se abrieron y por qué?
Las nuevas misiones diplomáticas previstas o inauguradas por este gobierno incluyen sedes en: Guyana, Barbados, República Checa, Rumania, Arabia Saudita, Etiopía, Nueva Zelanda, Qatar, Senegal y más.
La apertura de estas embajadas es parte de una política de internacionalización, fortalecimiento de las relaciones bilaterales y aumento de la presencia de Colombia en regiones con menos tradición de la diplomacia latinoamericana, parte de la renovada política exterior del gobierno.
Cuánto cuesta y por qué el coste es aterrador
Según un informe reciente, el importe destinado a la creación de estas nuevas embajadas y consulados ya supera el 19,513 millones de pesos.
El más llamativo es el caso de la sede en Riad, Arabia Saudita: con un presupuesto de 1,1 millones de dólaresEs la embajada más cara de todas.
Pero el coste no se limita al alquiler o adecuación de la sede: también incluye salarios del personal diplomático. Hasta ahora 2,2 millones de dólares sólo en la nómina, con las cuantías más elevadas precisamente en los representantes de Europa (como República Checa y Rumanía) y Oriente Medio.
Además, se estima que los costos de operación (servicios públicos, vigilancia, mantenimiento, telecomunicaciones, etc.) ascienden a varios miles de millones de pesos.
¿Qué tan justificado está este costo? Contexto de discusión y crítica.
La decisión de ampliar la red diplomática se produce cuando el gobierno ha propuesto ajustes fiscales, incluida una iniciativa de reforma tributaria, para abordar un déficit presupuestario multimillonario.
Como resultado, muchas industrias cuestionan no sólo la necesidad de ampliar las embajadas en países con poco contacto histórico con Colombia, sino también el costo-beneficio real. Los críticos advierten que esta expansión puede entenderse como una «burocracia costosa» más que como una estricta necesidad diplomática.
Por ejemplo, debido al mantenimiento anual de la nueva sede y las nóminas necesarias, algunos cálculos estiman el costo en decenas de millones de pesos, lo que en tiempos de ajuste fiscal resulta controvertido.
Lo que el gobierno ofrece en cambio: política exterior
La administración ha defendido esta expansión diplomática como una apuesta estratégica para diversificar las relaciones internacionales de Colombia, abrir mercados, fortalecer alianzas con países de Medio Oriente, África, Europa, Oceanía y el Caribe y proyectar al país más allá de sus vínculos tradicionales.
En el caso de la embajada en Arabia Saudita -la más cara- su inauguración también representa la intención del gobierno de consolidar a Colombia como un actor internacional, con presencia diplomática en las principales regiones del mundo.
Transparencia sobre la implementación real
Aunque se presupuestaron millones de dólares para estas nuevas embajadas, la implementación real hasta el 30 de octubre de 2025 mostró poca utilización de estos recursos. Por ejemplo, en la embajada de Arabia Saudí apenas se ha ejecutado el 5,28% del presupuesto asignado, y otras sedes como Etiopía, Nueva Zelanda o República Checa reportan un 0% de ejecución.
Esto pone en duda si fue más eficiente crear tantas sedes al mismo tiempo, o si parte de ese presupuesto podría haberse utilizado para otros proyectos prioritarios en el país.
Conclusión
La expansión diplomática del gobierno de Gustavo Petro representa una apuesta ambiciosa por expandir Colombia. Sin embargo, los altos costos -tanto en correcciones como en salarios y costos operativos-, junto con el contexto de ajuste fiscal y baja implementación presupuestaria, han creado un debate legítimo sobre las prioridades, la eficiencia y los dividendos reales de esta política. Más allá de las buenas intenciones diplomáticas, la percepción general es que buena parte de estos recursos pueden destinarse a necesidades específicas.
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