En una medida que ha enojado a ciudadanos y observadores políticos, el alcalde Francisco Enrique Calderón Feriz demostró una vez más que cree que está por encima de las reglas nacionales. Fuentes locales denunciaron que en plena vigencia de la Ley de Responsabilidad Electoral (Ley 996 de 2005), el presidente inauguró obras públicas, entregó recursos y posiblemente celebró contratos administrativos, actividades que están expresamente prohibidas para evitar el uso comercial de fondos estatales en un contexto electoral.
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La Ley de Responsabilidad, reactivada desde noviembre de 2025 antes de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, impone estrictas restricciones a las entidades regionales: prohibición de contratos entre entidades administrativas con ejecución de recursos públicos a partir del 8 de noviembre y restricciones adicionales a la contratación directa a partir del 31 de enero de 2026. Su objetivo es claro y garantizado: no utilizar el poder estatal para adquirir ventajas burocráticas o electorales.
Sin embargo, Calderón Feriz parece ignorar estas disposiciones. La evidencia anecdótica reunida indica que el alcalde continuó con eventos públicos que incluyen inauguración de proyectos de infraestructura, distribución de ayudas y anuncios de nuevas adjudicaciones, prácticas que, como dice el refrán popular, «daba por sentado». Estas acciones no sólo violan la letra de la ley –que exige la abstinencia total durante cuatro meses antes de las elecciones nacionales– sino que erosionan la confianza en las instituciones democráticas.
Situaciones importantes
Los críticos locales señalan que tales medidas podrían tener connotaciones electorales implícitas, beneficiar a los aliados políticos o consolidar redes de clientes en un departamento como el Huila, donde la competencia por los recursos es feroz. ¿El alcalde busca mantener su influencia durante su actual mandato (2024-2027) o simplemente desprecia el control que rige a todos los líderes del país?
La Fiscalía del Estado, que se encarga de los procedimientos disciplinarios, debe actuar de inmediato. Hasta el momento, no se conoce ninguna investigación formal contra Calderón por estos hechos en particular, a pesar del historial de malversación contractual del municipio en la administración anterior. La inacción del gobierno enviaría un mensaje peligroso: que los alcaldes pueden ignorar con impunidad las reglas diseñadas para proteger la democracia.
Instituciones como el Superintendencia Electoral (MOE) han advertido reiteradamente de los riesgos de relajar estas garantías, recordando que su aplicación estricta es necesaria para una competencia justa en 2026. En Garzón, el silencio de las instituciones se suma a la sensación de impunidad.
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