En medio de operativos sorpresa que encendieron las alarmas en el sector productivo, las autoridades de salud intensificaron los controles en las fábricas de bolas, tras evidenciar posibles riesgos que podrían afectar tanto a los trabajadores como a la comunidad en general. La intervención, liderada por el Ministerio de Sanidad en coordinación con la Inspección de Policía, puso de manifiesto varias irregularidades que obligaron a emitir avisos inmediatos y reforzar la vigilancia en este tipo de establecimientos.
Durante las visitas, los funcionarios realizaron una revisión detallada de la documentación que exige la normativa vigente, como el uso de suelo, el concepto sanitario y el registro actualizado ante la Cámara de Comercio. Si bien algunos talleres cumplían con los requisitos básicos para operar, otros quedaron expuestos por fallas administrativas y técnicas que podrían comprometer la legalidad de su funcionamiento e incluso derivar en sanciones.
Uno de los puntos más críticos detectados fue la inadecuada disposición de los residuos derivados del proceso de fabricación, especialmente el conocido “retal”, un material que, si no se gestiona correctamente, puede convertirse en una fuente de contaminación ambiental. Estos residuos, en algunos casos, fueron almacenados sin control o dispuestos de manera inadecuada, generando riesgos tanto para el medio ambiente como para la salud de quienes trabajan en estos espacios.
A esto se suman malas prácticas en el manejo de sustancias químicas utilizadas en la producción, como pegamentos y solventes, que pueden representar un peligro silencioso al afectar las vías respiratorias y la piel de los operadores. La falta de elementos de protección personal y protocolos adecuados aún más el nivel de riesgo dentro de estos ambientes laborales.
Las autoridades no solo hicieron un llamado de atención, sino que brindaron orientación técnica a los propietarios para corregir las fallas detectadas y avanzar hacia procesos más seguros y sustentables. Sin embargo, el mensaje fue claro: quienes no cumplan con los requisitos legales podrían enfrentar sanciones, cierres temporales o permanentes.
“Estas acciones buscan garantizar que los establecimientos operen de forma segura y responsable”, explicó Paula Almonacid, destacando la importancia de proteger la salud pública y el medio ambiente. La operación deja claro que los controles continuarán y que la lupa de las autoridades seguirá puesta en este sector, donde cualquier descuido podría tener mayores consecuencias.
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