La violencia en Antioquia ha alcanzado niveles alarmantes, lo que llevó al gobernador Andrés Julián a implementar medidas excepcionales para enfrentar la crisis. A través de una directiva oficial, se ordenó a las fuerzas militares y policiales adoptar estrategias ofensivas contra los grupos criminales, específicamente el Golfo del Golfo, así como las agrupaciones de las FARC y el ELN. Adicionalmente, el gobernador solicitó formalmente la intervención militar del presidente Gustavo Petro, requiriendo la asignación de cinco submarinos para fortalecer la seguridad en la región. La situación ha llegado a tal extremo que el gobernador de Antioquia urgió al gobierno del presidente Petro a proporcionar una respuesta militar inmediata.
«Es hora de estar en la calle, no escondido en el castillo. Los que tienen que temer son los delincuentes», afirmó Rendón en una contundente carta dirigida al jefe del estado.
La decisión del gobernador se fundamenta en un preocupante patrón de violencia, dado que se han reportado 27 ataques en lo que muchos llaman el «horario de armas» en Antioquia. Este oscuro panorama ha resultado en un saldo desastroso, con 11 efectivos muertos y 26 heridos, seis de ellos en condiciones críticas.
Área prioritaria y clamor por apoyo militar
La solicitud de asistencia militar abarca varias zonas críticas, incluyendo el suroeste, la región del Bajo Cauca, Urabá y el noreste. En estas áreas, los grupos armados ilegales han puesto en grave riesgo la seguridad pública, lo que exige una intervención inmediata por parte del gobierno nacional.
Rendón subrayó que solamente el presidente Petro tiene la autoridad para autorizar las acciones solicitadas y lo instó a actuar considerando la gravedad de la situación actual.
«La política general de paz ha causado una proliferación del crimen y ha confundido las estrategias de nuestra fuerza. Mientras ellos se rearman, nuestros hombres caen», expresó.
Además, se han impartido instrucciones específicas a las fuerzas de policía y los militares para asegurar el dominio en las aguas territoriales, con un enfoque particular en el distrito de Liberia: El Charcon de Anorí, que se ha convertido en una zona estratégica para las operaciones del crimen organizado.
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Inversión en medidas de seguridad para mitigar la violencia
El gobernador Rendón también anunció que los primeros recursos derivados de una nueva tarifa de seguridad se destinarán a la compra de cascos protectores y chalecos antibalas para garantizar la protección de la policía y los soldados en la región. Agregó que se reconoce el valor de los uniformados, mencionando la valentía de un inspector que enfrentó a criminales en un enfrentamiento, donde una granada fue detonada.
De manera concomitante, el gobernador instó a los alcaldes a implementar medidas extraordinarias para mantener el orden y la seguridad en sus municipios, tales como restricciones en el consumo de alcohol y limitaciones en la movilidad de la población.
«Dios coloca su evidencia más difícil en sus tropas más fuertes. Antioquia persistirá con determinación y valentía», concluyó.
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