El expresidente y líder del Centro para la Democracia, Álvaro Uribe Vélez, anunció el 5 de noviembre una iniciativa para que los militares que participaron en la reconquista del Palacio de Justicia -hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985- reciban «el beneficio equivalente a una absolución» a través de actos legislativos o su acto constitucional. Las comunicaciones oficiales del expresidente fueron realizadas a través de su cuenta en X y fueron recogidas por medios de comunicación nacionales.
El anuncio revive una de las heridas más sensibles de la memoria reciente en Colombia. La toma del Palacio de Justicia por el M-19 y su posterior retoma por parte de las fuerzas gubernamentales dejó un trágico saldo: decenas de muertos -entre ellos magistrados, trabajadores judiciales, civiles y miembros de la guerrilla-, oficinas destruidas y años de disputas legales y políticas sobre responsabilidades y encubrimiento. La Comisión de la Verdad, el Consejo de Estado y diversos organismos de memoria han documentado los hechos y las inconsistencias en el actuar del Estado desde entonces.
Según informes de prensa que cubrieron la declaración de Uribe, la propuesta tiene dos vertientes posibles: buscar una ley (o leyes) que brinde beneficios equivalentes a una absolución o promover reformas que permitan la reversión de condenas y procesos abiertos contra los militares participantes. El expresidente pidió a su bancada buscar aliados para trabajar en la iniciativa. Al momento de su publicación, no se ha presentado ante la legislatura el texto formal de un proyecto de ley oficial que detalla el alcance técnico legal del método.
Las reacciones políticas y sociales han sido inmediatas y polarizadas. Sectores vinculados a Uribe y grupos defensores de la institución han saludado la iniciativa como una reivindicación de los militares que, argumentan, actuaron bajo órdenes o en circunstancias especiales para «salvar» el edificio. Por otro lado, organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas, académicos y sectores de la sociedad civil han expresado rechazo y preocupación: consideran que una norma equivalente a una absolución castigaría violaciones de derechos humanos, privaría a las víctimas del acceso a la verdad y pondría en riesgo los estándares de la justicia transicional y el derecho internacional humanitario.
Contexto judicial: décadas de proceso y controversia
Desde la reanudación, se han iniciado procedimientos penales y disciplinarios contra soldados acusados de ejecuciones extrajudiciales y otros delitos conexos. Algunos funcionarios de alto rango han sido investigados o juzgados en tribunales nacionales; En otros casos, las decisiones han sido apeladas y revisadas. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de la Verdad han sido ejemplos en los que familiares y víctimas han buscado explicaciones y reparaciones y han señalado irregularidades en la respuesta del Estado. Cualquier iniciativa que modifique sentencias o anule la rendición de cuentas va en contra del derecho de las víctimas a la justicia y la verdad, bajo los marcos jurídicos nacionales e internacionales.
Implicaciones políticas y electorales
La propuesta llega en un momento de gran movilización política por la carrera electoral hacia 2026. Para la bancada del Centro Democrático, el tema puede construirse como un eje para la defensa de la autoridad civil y el reconocimiento de los militares; Para opositores y críticos, puede magnificarse como un símbolo de impunidad y retrocesos en materia de derechos humanos. Los expertos advierten que iniciativas como esta tienen el potencial de polarizar el debate público y reavivar recuerdos traumáticos entre las víctimas y sus familias.
Lo que queda por saber y los próximos pasos
Por ahora, no existe un texto oficial del proyecto con contenido legal detallado o plan de desarrollo. El paso de Taxa eventualmente será una presentación ante el Congreso o una propuesta de programa del Centro Democrático que permita conocer el alcance -ya incluya indultos, amnistía, actos legislativos o cambios procesales- y las condiciones jurídicas que contendría. Organizaciones de derechos humanos y representantes de víctimas han anunciado que darán seguimiento y, de ser necesario, acudirán a instituciones nacionales e internacionales para proteger el derecho a explicaciones y reparaciones.
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