Un informe publicado por el Instituto de Ciencia Política (ICP) Hernán Echavarría Olózaga, ProBogotá Región y la Fundación para el Estado de Derecho, señala que las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, junto con otras figuras creadas por el Gobierno nacional, representan una grave amenaza contra la autonomía territorial, la seguridad jurídica y el desarrollo económico de las regiones.
El documento advierte que alrededor del 82,7% del territorio nacional está cubierto por instrumentos que se definen a nivel central, sin dar la oportunidad a alcaldes y gobernaciones de dar sus puntos de vista y trabajar juntos en su emisión.
“El gobierno nacional está instrumentalizando el discurso de protección de la tierra para imponer un modelo centralista que ignora la autonomía territorial, las autoridades y comunidades locales, y que amenaza los derechos de propiedad privada y libertad de empresa consagrados en la Constitución”. Advirtió Carlos Augusto Chacón, director del ICP.
El análisis realizado demuestra que estas cifras y restricciones se superponen con áreas de alta contribución al PIB y al valor añadido del sector primario; Al prohibir o limitar la minería, la industria y el comercio, se cierran oportunidades de empleo e ingresos fiscales en regiones que hoy son un motor económico como los departamentos de Córdoba, Antioquia, Tolima, Cundinamarca, entre otros.
Nota recomendada: Podcast, La Lupa Confidencial, donde el espectáculo… es política
Además, advierte sobre la falta de participación de las comunidades y territorios en las decisiones que les afectan: “las nuevas APPA y ZPPA están siendo declaradas mediante resoluciones, sin la ley orgánica que exige la Constitución para modificar las competencias territoriales. Esto erosiona la seguridad jurídica y los derechos de propiedad, y subordina el POT a criterios nacionales que no siempre reflejan la realidad local”, dijo María Carolina Castillo, presidenta de ProBogotá.
El Instituto de Ciencia Política (ICP), ProBogotá Región y la Fundación para el Estado de Derecho llaman a la Corte Constitucional a garantizar la supremacía de la Constitución y la reserva de ley orgánica; al Gobierno nacional, reorientar estas medidas hacia procesos con participación de incidentes y soporte técnico comprobable. Además, llaman al Congreso a tramitar un marco integral que armonice la protección ambiental, la seguridad alimentaria y el desarrollo productivo sin vaciar las competencias municipales.
