Verónica Alcocer, primera dama de Colombia y miembro de los medios de comunicación en el gobierno de Gustavo Petro, ha sido objeto de un intenso escrutinio público tras un informe de los medios suecos. expresar publicado por la revista Semana. Según ese informe, Alcocer viviría en Estocolmo (Suecia) en un ambiente caracterizado por el lujo y rodeada de millonarios, incluso después de las recientes sanciones estadounidenses impuestas tanto a ella como al presidente Petro.
El contexto de las sanciones
El trasfondo de esta disputa es su registro oficial junto a Gustavo Petro y su hijo Nicolás Petro en sk «Lista Clinton»lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que congela sus actividades financieras en territorio estadounidense. Estas sanciones han hecho saltar la alarma sobre los riesgos reputacionales y financieros, y según el informe sueco, Alcocer había optado por trasladarse (o pasar un tiempo) en Estocolmo para «refugiarse» del foco de las sanciones.
Estilo de vida de Alcocer en Suecia
Según el informe original citado por SemanaAlcocer es reservado: se le describe moviéndose en círculos extremadamente elitistas, asistiendo a clubes privados, bebiendo champán en eventos privados y socializando con multimillonarios suecos.
Entre sus conocidos en ese entorno se encuentran ricos empresarios y figuras destacadas de la alta sociedad sueca, lo que refuerza la idea de que su estancia no es sólo diplomática sino social. El informe afirma que la primera dama fue vista en restaurantes caros y en fiestas privadas.
Además, su vida de lujo no es nueva en Colombia: la prensa ha documentado cómo Alcocer mantiene un séquito personal (maquillador, fotógrafo, estilista) y ha contratado a su amigo cercano con un alto salario para consultoría de comunicación. Sus gastos ya han generado denuncias e investigaciones por parte de partidos como la Procuraduría General de la República, dado que Alcocer no es servidor público, pero su equipo ha sido financiado con dinero del Estado.
Comentarios y críticas
Las revelaciones del informe han tenido eco en varios sectores. Entre las críticas se encuentra la periodista Ángela Benedetti, quien ha comentado con sarcasmo la supuesta admiración de Alcocer por Suecia y sus «compras de aviones» en referencia a grabaciones militares entre Colombia y Escandinavia.
Además, hay cargos penales pendientes ante los fiscales: la primera dama está acusada de posiblemente infiel por presuntos pagos irregulares en contratos relacionados con su imagen personal. Semejante denuncia aumenta el debate sobre los límites entre sus roles sociales y políticos, sobre todo teniendo en cuenta que el presidente Petro ha declarado públicamente que están «separados desde hace muchos años».
Interpretaciones y posibles consecuencias.
- Política de visibilidad o refugio diplomático: La versión de que Alcocer estaba en Suecia para «escapar» de la presión mediática y financiera de las sanciones puede interpretarse como una estrategia para mantener protagonismo internacional o al menos evitar un escrutinio cercano en Colombia.
- Red eléctrica transnacional: El hecho de que la Primera Dama interactúe con millonarios suecos y asista a clubes privados sugiere que mantiene no sólo conexiones locales, sino también una red de élites que podrían influir en su influencia política.
- Presión interna: Las quejas sobre el gasto de sus hogares y el de su equipo han suscitado críticas al uso de recursos públicos por parte de personas que no ocupan cargos formales en la administración, lo que puede alimentar el debate sobre los recortes versus la representación institucional.
- Riesgo reputacional para Colombia: Las sanciones estadounidenses no sólo dañan financieramente, sino que también podrían dañar la imagen internacional del régimen de Petro, especialmente cuando se ve a figuras como la Primera Dama viviendo un estilo de vida lujoso mientras su país enfrenta dificultades.
Conclusión
El informe sobre Verónica Alcocer en Suecia marca otro capítulo polémico en la gestión de Petro. Esto no es sólo una acusación moral, sino que está entrelazada con sanciones internacionales, redes de poder de élite y la explotación de recursos públicos. Mientras algunos defienden su derecho a la privacidad, otros denuncian el posible abuso de sus instalaciones para construir un espacio privilegiado. Es probable que el debate continúe, especialmente si la fiscalía sigue adelante con las investigaciones debido al alto costo para su imagen pública.
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