Desde el comienzo de la reunión, la tensión se sentía en el ambiente. No fue solo por el inusual retardo del ministro de Hacienda, Germán Ávila, en su llegada a la sesión citada a las 8 y 30 de la mañana del martes pasado en el salón ubicado en el quinto piso del edificio principal del Banco de la República, sino por una serie de gestos que rayaron en la brusquedad.
Mientras los otros seis integrantes de la junta directiva del Emisor hacían sus intervenciones en un estricto orden antes de pasarle la palabra al titular de las finanzas públicas –quien siempre es el último en comunicar su postura– el funcionario no pudo disimular el sentimiento que le invadía. Si al comienzo había molestia con los presentes, esta fue paulatinamente sustituida por la exasperación.
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Así ocurrió una vez quedó en claro que la mayoría de los integrantes del órgano rector de la política monetaria se inclinaba por aumentar –como ya había sucedido en enero– en un punto porcentual la tasa de interés que les cobra la entidad a los intermediarios financieros por darles liquidez de manera temporal. Por cuatro votos contra tres el costo de dichos fondos quedó en el 11,25 por ciento anual, un alza que eventualmente se sentirá en los créditos y en lo que pagan los bancos por los depósitos que reciben.
Cuando le llegó el turno, el integrante del gabinete de Gustavo Petro, leyó un texto que tenía preparado. Arrancó con un señalamiento sobre la existencia de “micropoderes” dedicados a socavar la agenda del Gobierno y se concentró en tres puntos.
Junta directiva del Banco de la República Foto:Banco de la República
Como relataría el propio Ávila, la primera queja tuvo lugar con una comunicación enviada el 11 de marzo por el secretario general de la junta directiva, en referencia a un proyecto de decreto que obligaría a las administradoras de fondos de pensiones a repatriar sumas millonarias invertidas en el exterior. Según el reclamo, la misiva no había sido discutida ni mucho menos aprobada de manera formal. “Creemos que aquí hubo un abuso”, dijo posteriormente el representante del Ejecutivo.
Acto seguido, el ministro criticó la determinación de subir los intereses. “Sustentamos la inconveniencia de elevar la tasa (…) después de haberlo hecho en enero”, señaló después. Agregó que la determinación “afecta de manera sensible, grave y significativa los esfuerzos del Gobierno por mantener una dinámica de recuperación de la economía”, por lo cual la calificó de “despropósito”.
Finalizó con consideraciones adicionales en la cuales habló del empeoramiento del clima internacional por cuenta de las hostilidades en Irán. Insistió en errores metodológicos, como el uso de una encuesta que se hace entre analistas económicos para examinar las expectativas respecto a la inflación, e insinuó motivaciones políticas detrás del apretón.
Ministro de Hacienda, Germán Ávila. Foto:iStock / Milton Díaz. El Tiempo
Una vez terminó la lectura, el funcionario abandonó su puesto ante la mirada de incredulidad de los demás. Durante unos minutos varios se preguntaron si se habría ido a otra oficina hasta que alguien reportó la convocatoria de una rueda de prensa en las instalaciones del Ministerio de Hacienda, en la cual su titular afirmó que no volvería a hacerse presente en la junta.
La ofensiva
Lo que siguió es conocido. La maquinaria de la comunicación oficial se puso en marcha, con el Presidente de la República a la cabeza. A través de la plataforma X el mandatario atacó en múltiples oportunidades el reajuste.
Si bien no es la primera vez que el inquilino de turno en la Casa de Nariño critica al Emisor por subir su tasa de interés, la ofensiva actual sobrepasó todos los límites. Esta cuestionó incluso la ética de quienes no se aliaron con Ávila.
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Más que concentrarse en el debate técnico se hicieron afirmaciones como la de favorecer intereses privados, en contra de lo que le conviene “al pueblo”. La postura se resume con la publicación de una foto en la cuenta presidencial cuya leyenda dice: “el Banco de la República es de la oligarquía”.
Semejante acusación vino acompañada de una iniciativa orientada a reformular el arreglo institucional definido por la Constitución de 1991. Así, de la noche a la mañana, un tema usualmente reservado para especialistas se convirtió en el caballito de batalla del “Gobierno del cambio”, con claras implicaciones electorales.
El giro de la discusión ha llevado a que se superpongan planteamientos de distinto orden y se pierda la perspectiva. Pensar –y reaccionar– con cabeza fría es clave en una coyuntura en la cual el torbellino de la política amenaza con llevarse la cordura.
Que existía la intención previa de sabotear un incremento que ya se anticipaba, resulta evidente. El propio Petro había expresado su inconformidad en las redes sociales antes de que comenzara la junta directiva, mientras que el ministro llevaba escrito su planteamiento.
Gustavo Petro, presidente de Colombia en su recta final de gobierno. Foto:Jaiver Nieto Álvarez / ETCE
Aun así, el bloque minoritario tuvo posturas distintas. Por ejemplo, uno de los directores se inclinó por dejar quieta la tasa del Banco y dos votaron en favor de una reducción de medio punto porcentual.
Respecto a la mayoría, su posición quedó consignada en el comunicado del martes. Lo que se conoce como inflación básica (que excluye a los alimentos y a los bienes y servicios regulados) se ubicó en 5,5 por ciento anual al cierre de febrero, medio punto más que en diciembre.
Además, las expectativas de los especialistas le apuestan a un aumento del 6,3 por ciento en la canasta familiar en diciembre, un guarismo que en los mercados de deuda se eleva al 7 por ciento anual. No hay duda de que esa aceleración se debe en parte al incremento de casi 24 por ciento en el salario mínimo que comenzó a regir el primero de enero.
Ante esas señales, lo que dicta la ortodoxia es aplicar los frenos. Tal como lo han hecho en diferentes ocasiones los bancos centrales en los cinco continentes, subir el costo del dinero modera la demanda interna, que en el caso de Colombia se ha visto estimulada por un gasto público desbordado. Esa firmeza sirve para que no se cree una espiral de precios al alza y la carestía se vuelva difícil de controlar.
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Siempre se puede argumentar si la vuelta de tuerca es excesiva o no. De hecho, cuando terminó la pandemia y la inflación se disparó a más del 13 por ciento anual, el Banco fue criticado porque su respuesta inicial acabó siendo más tímida que la de sus pares latinoamericanos.
Lo que se controvierte menos es el tratamiento, entre otras porque aquellos países que se han ido por un camino distinto –como el propuesto por Petro– han pagado las consecuencias. Por ejemplo, a finales de la década pasada Turquía experimentó una fuerte crisis cuando el presidente Recep Tayyip Erdogan obligó a las autoridades monetarias a bajar la tasa de interés cuando la lógica indicaba lo contrario, algo que disparó la devaluación de la lira y la inflación, con secuelas que se sienten hasta hoy.
Gobierno planteó la posibilidad de revisar la meta de inflación, hoy entre el 2 y el 4 por ciento. Foto:AFP
Dado el desbarajuste de las finanzas públicas y el encarecimiento de la deuda pública, Colombia estaría jugando con fuego si se va por un camino similar. No hay duda de que la gente está a favor de que los intereses bajen, pero aquí sí que se aplica el conocido dicho de “lo barato sale caro”, sobre todo cuando el populismo se impone.
Tampoco se puede pasar por alto lo dicho por el ministro de Hacienda relacionado con revisar el objetivo de largo plazo de aumento en el nivel precios, que es un rango entre 2 y 4 por ciento anual. “Las metas establecidas están yendo en contravía de la sostenibilidad de la economía”, sostuvo el funcionario el martes.
Relajar ese parámetro acabaría beneficiando a aquellos que deben dinero contratado a un interés fijo en pesos. “Al que más le conviene la aceleración de la inflación en términos de caja es al Gobierno Nacional”, subraya Jorge Restrepo, de la Universidad Javeriana.
Por el contrario, los grandes perdedores serían los colombianos de a pie. Volver a aquellas épocas en las cuales la canasta familiar subía en cerca de un 30 por ciento anual tendría impactos negativos en un país caracterizado por las desigualdades sociales.
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Reglas escritas
Ese es el motivo por el cual el asunto de la banca central tuvo tanta importancia en las deliberaciones que desembocarían en la Carta Política expedida en 1991. Uno de los protagonistas del esquema actual fue el desaparecido Carlos Ossa Escobar, quien en representación de la Alianza Democrática (M19) integró la subcomisión que elaboró la ponencia y articulado hoy vigente, en el seno de la Asamblea Constituyente.
Dentro de lo establecido, vale la pena citar el artículo 371 de la Constitución, según el cual el Banco de la República tiene “autonomía administrativa, patrimonial y técnica”. A su vez, el 372 habla de la junta directiva y afirma que sus miembros “representarán exclusivamente el interés de la Nación”.
Ello explica por qué las personas que han ocupado dicha posición obran de manera independiente y no reciben instrucciones ni son subalternos de nadie, con excepción del ministro de Hacienda. A lo largo de casi 35 años han sido numerosas las ocasiones en que este ha sido derrotado, lo cual en ocasiones llevó a frialdad y distanciamiento, pero nunca a proponer un cambio en las reglas de juego.
Ministerio de Hacienda Foto:Archivo particular
Una de las razones es que mantener la credibilidad en la política económica y la solidez institucional es un activo fundamental, valorado por prestamistas, ahorradores, inversionistas y el público en general. Un resquebrajamiento de esa confianza sale muy caro, como lo prueba la historia reciente de varios países latinoamericanos.
Debido a tal circunstancia, las normas son estrictas. Así, la Ley 31 de 1992 que desarrolló el mandato constitucional define las faltas absolutas como causal de remplazo, lo cual incluye “la ausencia injustificada a más de dos sesiones continuas”.
Tal afirmación deja en una posición precaria a Germán Ávila, quien se estaría exponiendo a una sanción ejemplar de la Procuraduría por no cumplir con las obligaciones propias de su cargo, una de las cuales es presidir la junta directiva del Banco de la República. Así se lo acaba de recordar la Academia Colombiana de Jurisprudencia, órgano consultivo del Estado, en un pronunciamiento.
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Advertencias de ese calibre pueden resultar secundarias para un Gobierno que se ha venido quitando la careta y cada día que pasa demuestra estar dispuesto a lo que sea con tal de mantener a sus fichas en el poder. El contraste entre la situación actual y lo dicho en la plataforma de campaña del Pacto Histórico que habló de tener “un diálogo permanente con el Banco de la República respetando su real independencia” es evidente.
No obstante, la fórmula del “todo vale” vuelve a aplicarse en este caso. Al respecto, los directores del Emisor han optado por mantener silencio con el fin de evitar meterse en un terreno de controversia pública que no les corresponde.
Dicha actitud no impide hacer un esfuerzo de comunicación, más enfocado en explicar qué hace la entidad y por qué son necesarios ciertos sacrificios, que en rebatir las mentiras que provienen de la Casa de Nariño y sus bodegas. Los conceptos que manejan tradicionalmente los economistas tienden a ser expresados en palabras remotas para la población, con lo cual se ratifica la narrativa presidencial de una élite alejada de las preocupaciones reales del ciudadano de a pie.
Lo acontecido con el Emisor puede ser una estrategia del Gobierno de cara a las elecciones. Foto:Registraduría de Colombia
Y en un plano más amplio, hay que insistir en que es patente el intento de socavar el sistema de pesos y contrapesos en el cual se basa la democracia colombiana, para sustituirlo por lo que diga quien supuestamente interpreta la voluntad popular. Cualquiera que se aparte de esa visión acaba siendo sujeto a todo tipo de ataques, comenzando por el de ser tildado de “neoliberal”.
Como señala el profesor Pablo Sanabria, aquí lo que se aplica es una estrategia como la ensayada en su momento por Hugo Chávez y otros tantos. “Un partido de izquierda clientelista y en apariencia moralmente superior se arroga la vocería del pueblo, y crea un enemigo difuso al que se le atribuyen todos los problemas”, dice. “Así se simplifica la política y se moviliza emocionalmente para ganar votos y legitimidad”, agrega.
De tal manera, el punto central no es el aumento de 100 puntos básicos en la tasa de interés que maneja el Banco de la República. La ofensiva dirigida por Gustavo Petro tiene en la mira inmediata la cita con las urnas del 31 de mayo. En medio del fragor electoral, aquello de la estabilidad macroeconómica ha vuelto a quedar relegado a un plano secundario.
RICARDO ÁVILA PINTO
Especial para EL TIEMPO
En X: @ravilapinto
