La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a cinco exmiembros del Bloque Oriental de las extintas Farc EP, que tuvieron injerencias en Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y parte de Amazonas.
El fallo involucra a Efraín Quiñones Barreiro; el principal articulador de un componente financiero, César Díaz; un hombre que realizaba actividades de inteligencia, identificado como Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla; y dos guerrilleros privados, Daniel Zarate Velandia y Jhon Jairo Ramírez.
A estas personas se les atribuyen 44 hechos delictivos ocurridos entre 1995 y 2005, que dejaron 165 víctimas directas e indirectas de homicidio en persona protegida, desplazamiento
toma forzada y de rehenes, entre otras conductas delictivas que fueron acreditadas por un
fiscal de la Dirección de Justicia Transicional.
Entre los casos que motivaron la sentencia se encuentra el desplazamiento forzado del exalcalde de
San Jacinto (Meta) y su familia en 2002; y el secuestro del exalcalde de Chiscas (Boyacá), el día 17
Abril de 2002. El entonces presidente fue detenido durante tres días en medio de
preguntas por desacatar una instrucción del grupo armado ilegal que prohibía y
Ejerció presión para que no se realizaran elecciones en el municipio.
De igual forma, se encuentra el secuestro de un agente de la Policía Nacional, durante una violenta incursión en el casco urbano de El Espino (Boyacá), el 9 de junio de 1999. El uniformado permaneció en cautiverio mientras las FARC EP acordaban un llamado intercambio de rehenes con el Gobierno Nacional, que se concretó en junio de 2001.
La sentencia precisa que los cinco candidatos deberán cumplir penas de 480 meses de prisión, multa de 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e incapacidad para ejercer cargos públicos por el mismo período de la pena.
Nota recomendada: Los crímenes por los que Pipe Tuluá deberá responder en EE.UU.
