Este jueves 1 de mayo, el gobierno del presidente Gustavo Petro presentó ante el Parlamento de la República la consulta popular que busca involucrar a la ciudadanía en un proceso democrático crucial. Este proceso se inscribe dentro del Código de Ética establecido en la Constitución y se desarrolla en el emblemático Capitolio Nacional, donde se debatirá si es necesario convocar a los ciudadanos para que participen en encuestas de opinión sobre 12 preguntas que el gobierno considera fundamentales para avanzar en sus reformas.
Es importante resaltar que estas reformas no contaron con la aprobación de la Séptima Comisión del Senado, lo que añade una capa de complejidad a la situación. En este sentido, el papel del parlamento es limitado, ya que no tiene la potestad de modificar las preguntas propuestas por el gobierno; su única función es decidir si debe dejarse a los ciudadanos la oportunidad de responder a dichas encuestas o no.
De acuerdo con la normativa vigente, los senadores tienen un plazo de 30 días para tomar una decisión, que puede ampliarse a 10 días adicionales en virtud de lo establecido por la ley. Este período es crítico, ya que, si el Senado emite un concepto negativo, la consulta no se llevará a cabo. Sin embargo, si el Senado no se manifiesta durante ese tiempo, el presidente tiene la facultad de convocar la consulta como una decisión administrativa.
Para que la consulta sea válida, se requiere contar con al menos la mitad más uno de los votos en la reunión del parlamento del Senado, así como que esta solicitud de consulta obtenga una mayoría simple. Este proceso es fundamental, dado que el éxito de la reforma dependerá en gran medida de la voluntad popular y de cómo se interpreten estas preguntas en la opinión pública.
Al final de la intervención del ministro Antonio Sanguino, se dirigió a los medios de comunicación para expresar su esperanza de que el proceso se lleve a cabo sin inconvenientes. «Con suerte, no se nieguen a permitir que las personas puedan comentar sobre las encuestas relacionadas con temas que son vitales en la actualidad, especialmente para los colombianos que enfrentan un mercado laboral complicado», afirmó Sanguino.
Aunque las preguntas originales fueron formuladas por el entonces Ministro del Interior, Armando Benedetti, el actual ministro, Antonio Sanguino, propuso ciertas modificaciones en la redacción de algunas de ellas. Por ejemplo, la primera pregunta fue ajustada para especificar que abarca programas de 6 de la mañana a 6 de la tarde, una modificación que resultó de la propuesta del gobierno destinada a otorgar claridad a la ciudadanía.
Asimismo, un cambio relevante se realizó en la séptima pregunta, que ahora establece que el personal de transporte digital, incluyendo plataformas como Uber, Didi o Cabify, deberá aceptar contratos con las empresas y, además, recibir coberturas de responsabilidad por parte del Seguro Social, una medida que busca regularizar y proteger a los trabajadores en este sector en crecimiento.
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