La oficina del Fiscal General comenzó una investigación previa contra los funcionarios de la administración de Cali, para la supuesta colección irregular a los contratistas que exigirían hasta el 40 % de sus salarios.
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El Ministerio Público investiga las acusaciones que indican que en algunos casos «requieren hasta el 40 % de su salario mensual para conservar sus posiciones, a través de coordinadores y transferencias de grupos digitales que serían canalizados por plataformas como Nequi».
Del mismo modo, el Ministerio Público revisará la existencia de una posible red de corrupción «que combina intereses políticos y operadores internos de la administración del distrito», a las personas responsables de recibir y redistribuir el dinero y que habrían amenazado con posibles inclusiones en una «lista roja».
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