El Oficina del Fiscal General Llamó a las autoridades penitenciarias, después de verificar las condiciones bajo las cuales las personas privadas de libertad permanecen en San AndrésProvidencia y Santa Catalina.
El ministerio público preguntó a las autoridades departamentales, la nación y el Inpeco para firmar inmediatamente un acuerdo interinstitucional que garantice la atención, la seguridad y las condiciones decentes en los centros de arresto del archipiélago.
Finalmente, dijo que garantizar condiciones decentes para la gente es un Obligación legal injustible y sentenció que la omisión en la protección de los derechos humanos de esta población puede generar disciplinaria, fiscal y sanciones Para funcionarios responsables.
