El Contraloría General de la Repúblicaa través de su Delegado del Sector Infraestructura, encontró un hallazgo fiscal por $19.840 millones, con presunto impacto disciplinario, asociado a un contrato firmado en 2023 para la implementación del Sistema Centralizado de Recaudación, Control de Flota e Información a los Usuarios del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta.
A pesar de haberse realizado el pago total del contrato, al 30 de junio de 2025 no se constata la entrega o puesta en marcha de los equipos tecnológicos, lo que impidió el cumplimiento del objeto contractual.
Asimismo, como parte del monto total, se determinó un segundo hallazgo con un impacto fiscal de $1.250 millones, con supuesto impacto disciplinario, relacionado con la ejecución y pago del contrato de auditoría.
Se evidenciaron graves deficiencias en la supervisión y seguimiento de la ejecución del convenio de cofinanciamiento del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Santa Marta, tanto por parte del Ministerio de Transporte como del Ente Gestor del proyecto. Estas falencias se reflejaron principalmente en la falta de acciones efectivas contra el incumplimiento de las recomendaciones técnicas emitidas por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS).
Según los hallazgos, la ausencia de medidas correctivas oportunas afectó la adecuada gestión, control y uso de los recursos públicos proporcionados por la Nación. Los avisos técnicos no fueron atendidos de manera integral, lo que debilitó los mecanismos de control y permitió que la ejecución del acuerdo avanzara sin las garantías necesarias para asegurar su correcto desarrollo.
Asimismo, se identificaron imprecisiones en la entrega y en el cumplimiento del objeto contractual. La entrega parcial del Sistema de Operación se realizó a través de una reunión virtual, sin existir un documento técnico formal que certificara detalladamente los componentes entregados, sus identificaciones y especificaciones, como lo exigen las obligaciones contractuales.
Finalmente, del análisis de la auditoría, supervisión y demás documentos contractuales se concluyó que, a pesar de haberse realizado los pagos correspondientes, el Sistema de Operación no se encuentra actualmente en funcionamiento. Esta situación plantea interrogantes sobre la efectividad del proceso contractual y el impacto real de la inversión realizada con recursos públicos.
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