El Parlamento israelí aprobó una polémica reforma legal que establece la pena de muerte en la horca para personas condenadas por asesinatos considerados actos de terrorismo, una medida que en la práctica afectaría principalmente a los palestinos de Cisjordania.
La ley, impulsada por sectores del Gobierno y apoyada por una mayoría parlamentaria, convierte la pena capital en el castigo por defecto para quienes cometan atentados mortales clasificados como terrorismo. Según el texto aprobado, los tribunales militares podrán dictar la sentencia sin necesidad de unanimidad entre los jueces ni solicitud previa del Ministerio Público. Además, las ejecuciones deben llevarse a cabo dentro de aproximadamente 90 días después de la condena.
Las regulaciones introducen diferencias clave en su aplicación: mientras que los palestinos en los territorios ocupados son juzgados por tribunales militares (obligados a imponer la pena de muerte con excepciones), los ciudadanos israelíes son procesados en tribunales civiles, donde la cadena perpetua sigue siendo una alternativa.
Otro de los aspectos más controvertidos es el método de ejecución, que será la horca, una práctica que no se aplica en Israel desde hace décadas. El país ha utilizado la pena de muerte en raras ocasiones a lo largo de su historia y mantiene una moratoria de facto desde 1962.
La aprobación de esta reforma ha generado una fuerte reacción internacional. Organizaciones de derechos humanos, gobiernos europeos y expertos de Naciones Unidas han denunciado que la ley podría ser discriminatoria y contraria al derecho internacional, al aplicarse de manera desigual según la nacionalidad o el sistema judicial que juzga a los acusados.
También han surgido críticas y recursos legales dentro de Israel contra la medida, que aún podría ser revisada por la Corte Suprema. Sus detractores advierten de que la norma reduce las garantías judiciales, endurece el sistema penal y podría agravar las tensiones en el conflicto entre israelíes y palestinos.
