La oficina del Fiscal General ha tomado la decisión de imponer una suspensión de nueve meses en el ejercicio de su cargo al ex alcalde del distrito de Cartagena, William Jorge Dau Chamatt. Esta medida fue adoptada debido a que el ex alcalde violó las disposiciones establecidas en el Plan de Alimentos Escolar (PAE). Su incumplimiento en esta área crucial ha generado serias preocupaciones relacionadas con el bienestar de muchos estudiantes en la ciudad.
A pesar de que William Dau ya no ocupa el cargo de alcalde, ya que su período ha culminado, se le exige cumplir con la sanción impuesta. Esta sanción incluye la obligación de pagar una suma que asciende aproximadamente a $112,044,240 millones de pesos. El cumplimiento de esta entidad no solo es un asunto financiero, sino también un acto que busca restablecer la confianza pública en el manejo de los recursos destinados a la educación y al bienestar infantil.
Durante su mandato, el ex alcalde mantuvo una preocupante falta de acción al no garantizar la entrega del complemento alimentario a los niños y adolescentes que están enfocados y registrados en el Sistema de Matrícula (Simat) como estudiantes oficiales en la ciudad de Cartagena. Esta grave omisión se extendió desde el 27 de enero de 2020 hasta el 11 de mayo del mismo año, lo cual causó un impacto significativo en la población educativa que depende del PAE para su alimentación. La decisión de no entregar adecuadamente estos recursos alimentarios afectó a cientos de familias que se encuentran en situaciones vulnerables.
Nota recomendada: la oficina del abogado se deshabilita ante el ex alcalde de Cartagena, William Dau
Cabe destacar que el ex alcalde tomó decisiones cuestionables durante su gestión, una de las más controvertidas fue la decisión de descartar una licitación pública previamente convocada. Este proceso tenía como objetivo llevar a cabo la ejecución del PAE en la ciudad para el año 2020. Pese a que la licitación había sido programada y estaban todos los procedimientos listos, William Dau optó por iniciar otro proceso de contratación el 31 de enero, justo cuando el calendario escolar ya había comenzado. Esta decisión fue criticada ya que el nuevo procedimiento no resultó ser ni ágil ni efectivo, lo que llevó a que se aplicara el programa del PAE con un retraso de 105 días. Esta situación dejó a muchos estudiantes sin el apoyo alimentario esencial en un momento crítico, cuando más lo necesitaban.
Es fundamental que las autoridades sigan supervisando de cerca el cumplimiento de los programas de alimentación escolar y que se tomen las medidas necesarias para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro. A la luz de estos acontecimientos, la administración pública debe redoblar esfuerzos para garantizar que todos los niños y adolescentes tengan acceso a la alimentación adecuada, promoviendo así su bienestar y desarrollo integral.
