Bogotá, 17 de octubre de 2025 — En un cambio regulatorio que busca frenar el aumento de los precios de la electricidad, el gobierno de Gustavo Petro ha emitido dos decretos que remodelan el mercado eléctrico colombiano. Las nuevas normas obligan a los productores a aceptar contratos a largo plazo y a reducir el peso operativo del sistema de intercambio de energía, para reducir las fluctuaciones de precios, especialmente para los hogares vulnerables.
Qué cambia la nueva ley
Los comandos en cuestión son 1072 del 15 de octubre de 2025que adiciona un apartado a la Ordenanza 1073 de 2015, y 1091que sigue a un cambio generalizado en el modelo de contratista en el mercado eléctrico.
Algunos de los puntos más importantes:
- Los generadores -especialmente las plantas hidroeléctricas- deben vender al menos el 95% de su energía a través de contratos a largo plazo, en lugar de depender del comercio diario en los intercambios de energía.
- La Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) tiene un máximo de tres meses para diseñar instrumentos regulatorios que aseguren eficiencia, incentivos competitivos y un sistema de contratación flexible que responda a la variabilidad del recurso hídrico.
- El objetivo es estabilizar las tarifas en el «mercado regulado» -es decir, los usuarios de los estratos 1, 2 y 3- a través de mecanismos que reduzcan los aumentos provocados por grandes fluctuaciones, como las provocadas por el fenómeno el niño.
- La directiva también promueve el uso de fuentes de energía renovables (solar, eólica y pequeña hidráulica) como parte de la transición energética anunciada por el gobierno.
El gobierno argumenta que la intervención es necesaria debido a «fallos estructurales en el mercado energético» y los efectos del cambio climático, que hacen que los precios de las acciones sean particularmente vulnerables en tiempos de escasez de agua.
Razones y necesidades del cambio.
El fuerte aumento de los precios de la electricidad ha causado una preocupación generalizada. Durante la estación seca, cuando los niveles de los embalses bajan, la producción hidráulica es limitada y se recurre a energía térmica más costosa. Esta dependencia del mercado de valores -donde los precios pueden dispararse- complica el control de costes para los usuarios.
Además, se estima que más de 12 millones de hogares en Colombia pertenecen a los estratos más afectados por la inestabilidad. En promedio, estos hogares gastan alrededor del 3,5% de su ingreso disponible para pagar los servicios de electricidad, lo que los hace más vulnerables a aumentos repentinos.
Desde la perspectiva del gobierno, las regulaciones apuntan a crear estabilidad, reducir el riesgo en el mercado mayorista y fomentar la inversión en capacidad energética menos volátil.
Críticas y advertencias de la industria
El aviso reglamentario ha provocado reacciones negativas entre sindicatos como son bienvenidos y Andegque advierten del riesgo del efecto contrario: menos inversión, menos suministro energético y estrés operativo.
Algunas de sus objeciones más citadas:
- Ineficiencia operativa: No siempre es posible predecir con certeza cuánta agua se producirá cada hora para la energía hidroeléctrica. Un mandato para alcanzar el 95% con contratos fijos puede resultar en sanciones e incumplimiento.
- Distorsión del mercado: Eliminar o reducir el papel del mercado de valores centraliza los precios y puede debilitar la competencia y la eficiencia.
- Riesgo de inversión: La naturaleza obligatoria y rígida de algunas medidas crea incertidumbre para los inversores, quienes pueden evitar reglas que pueden cambiar repentinamente.
Los sindicatos han pedido al Gobierno que abra un espacio para conversaciones técnicas antes de que la medida se aplique plenamente, con vistas a solucionar aspectos que consideran inviables o mutuamente excluyentes.
Riesgos y desafíos
- Durante períodos de escasez (como El Niño), los precios pueden seguir siendo elevados si la oferta no responde con nueva capacidad.
- Si los contratos a largo plazo no se estructuran adecuadamente, pueden generar costos adicionales o rigidez.
- Las normas deben combinar estabilidad, incentivos y flexibilidad para que el sistema siga siendo competitivo y fiable.
- El rápido cronograma de implementación (tres meses para la CREG) genera presión sobre el diseño técnico y gerencial.
Contexto histórico
Este tipo de intervención gubernamental no es del todo nuevo en Colombia: en crisis anteriores, como la crisis energética de 2015-2016, causada por fenómenos climáticos y escasez de producción, se utilizaron regulaciones y métodos de racionamiento como respuestas de emergencia.
La medida actual, sin embargo, está más estructurada: no se trata sólo de aliviar los picos, sino de cambiar el modelo del mercado eléctrico para que las tarifas no reaccionen sólo en el corto plazo.
que viene
- La CREG debe diseñar e implementar nuevos instrumentos contractuales estructurados, sistemas flexibles y seguimiento del desempeño.
- Es necesario adaptar reglas, tarifas, sanciones y sistemas de incentivos adicionales para que los contratos a largo plazo sean viables.
- La industria y los fabricantes buscarán negociar o impugnar aspectos del orden que consideren perjudiciales o contraproducentes.
- Desde los sectores sociales se puede esperar que estas normas contengan efectivamente una tarifa sin sacrificar la calidad del servicio.
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