Un grupo de parlamentarios y abogados solicitaron formalmente al despacho del Ministro de Justicia la suspensión temporal de Armando Benedetti tras las declaraciones que hizo recientemente sobre la jueza Cristina Lombana.
¿Creen los solicitantes que los comentarios del funcionario muestran una falta de respeto por el proceso legal y pueden interpretarse como presión o interferencia con las decisiones judiciales? En su petición, argumentaron que «la independencia del poder judicial es un pilar fundamental del Estado de derecho y no puede verse afectada por las declaraciones de altos funcionarios».
La Procuraduría General de la República anunció que estaba evaluando la solicitud y, de ser procedente, abriría una investigación disciplinaria para determinar si las declaraciones del ministro violaron los principios de respeto y cooperación de la autoridad.
Benedetti, por su parte, defendió sus palabras señalando que se trataba de una opinión personal y que no pretendía menospreciar el trabajo del magistrado ni del poder judicial. Sin embargo, el programa ha creado un amplio debate político sobre los límites del discurso de los funcionarios públicos y las responsabilidades que conlleva ocupar altos cargos.
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