La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, firmó el levantamiento de las órdenes de aprehensión contra 23 integrantes de bandas criminales en el Valle de Aburrá.
Estos delincuentes forman parte de la mesa de examen sociojurídico instalada en el penal de La Paz de Itagüí.
Los beneficiarios de esta medida son: Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero; Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber; Andrés D’maría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado; Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo, y Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica; Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber; Andrés D’maría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Andrés Felipe Rodas Montoya, alias Yerbas; Carlos Augusto Correa López, alias Mono Pepe; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio; Elder Darbey Zapata Rivera, alias Grande Pa; Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero; Iván Darío Suárez Muñoz, alias Iván El Barbado; Jesús David Hernández Grisales, alias Chaparro; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Juan Camilo Rendón Castro, alias Saya; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado; Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias El Compa; Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho; Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica; Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo, y Walter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre.
La decisión levantó el debate político por parte de los candidatos presidenciales por no compartir la decisión ante la falta de resultados medibles de la paz total impulsada por el Gobierno de Petro.
El senador y candidato del Centro Democrático, PalomaValenciaexpresó su total desacuerdo y dijo que acudiría a instancias internacionales.
Mauricio Lizcano Aseguró que esta decisión es muy sospechosa cuando el país está en pleno proceso electoral, y recordó que no se puede lograr un proceso de paz en cuatro meses.
el candidato Claudia López También expresó su rechazo a esta decisión y anunció una denuncia formal ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia por lo que califica como abuso de facultades presidenciales para proteger a delincuentes con beneficios en medio de un proceso de paz que no ha dado resultados.
¿Qué dice la Fiscalía?
La Procuraduría General de la República emitió un comunicado explicando que no implica ni contempla el otorgamiento de libertad a quienes se encuentran privados de ella en centros penitenciarios o penitenciarios en cumplimiento de sentencias, medidas de seguridad u otros requisitos judiciales, aspecto que no es competencia de la Fiscalía.
Precisó además que la medida no excluye la detención flagrante respecto de delitos graves, como secuestro, extorsión, violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario; y tendrá efectos en Medellín, los municipios de Valle de Aburrá y Rionegro (Antioquia), zonas donde se desarrollarán las principales reuniones y actividades relacionadas con este proceso de sometimiento a la justicia.
