El auge de las billeteras virtuales en Colombia ha revolucionado la manera en que los ciudadanos manejan sus finanzas, incluyendo la opción de obtener un préstamo de forma rápida y sencilla. Sin embargo, esta facilidad conlleva importantes responsabilidades legales y financieras que los usuarios deben evaluar y considerar con sumo cuidado.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1735 de 2014, las billeteras virtuales son consideradas como empresas especializadas en depósitos y pagos electrónicos. Los contratos de préstamo ofrecidos por estas plataformas contienen cláusulas que se asemejan a las de las entidades financieras tradicionales, aunque la aceptación de dichos contratos puede variar debido a la naturaleza digital de la transacción. Un aspecto fundamental de estas cláusulas es la declaración de incumplimiento del préstamo por parte del prestatario, lo que permite ejecutar la totalidad de la obligación aún si el plazo inicialmente acordado no ha llegado a su vencimiento.
Cuando un prestatario no cumple con los pagos de su préstamo en una billetera virtual, esto inicia una serie de consecuencias inmediatas que impactan de manera significativa la situación financiera del prestatario. Entre estas consecuencias se encuentra la acumulación de intereses moratorios, que se calculan sobre un saldo cambiante, así como el aumento de la tasa de interés aplicada sobre la compensación originalmente acordada. Además, el prestatario puede ser reportado a centrales de riesgo como DataCredit o Transstrey, lo que puede afectar drásticamente su capacidad para acceder a futuros préstamos.
En situaciones de incumplimiento recurrente, los prestamistas tienen la opción de iniciar procesos judiciales para recuperar el dinero adeudado. Uno de los mecanismos legales más efectivos es el proceso ejecutivo, el cual permite que el acreedor reclame judicialmente su dinero. En este proceso, el juez puede ordenar el embargo de salarios, cuentas bancarias o incluso propiedades si lo considera necesario, lo que pone al deudor en una posición vulnerable.
La afectación del crédito en Colombia aumentó a 51.2% con la nueva metodología de medición.
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Otras consecuencias
Además, se generan intereses predeterminados que se calculan para los pagos posteriores, y las tasas de interés pueden incrementarse más allá de lo acordado inicialmente.
Asimismo, el reporte a centrales de riesgo puede tener un impacto drástico en la capacidad del deudor para acceder a futuras oportunidades crediticias, préstamos para vivienda, tarjetas de crédito, e incluso servicios como los planes de telefonía móvil. Los procesos de cobranza pueden llevarse a cabo a través de distintos canales oficiales, y eventualmente, esto puede desembocar en acciones de cobro judicial, exponiendo al prestatario a sanciones legales que podrían tener repercusiones graves.
Las billeteras digitales han ampliado el acceso al préstamo.
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Para evitar sanciones severas, es crucial intentar pagar la deuda lo antes posible y, si esto no resulta factible, explorar alternativas como la negociación o la mediación en oficinas estatales.
Actuar de manera proactiva es fundamental; no se debe esperar a que la situación financiera se agrave, ya que incumplimientos en los pagos pueden resultar en embargos, dado que la información sobre deudas se reporta a las centrales de riesgo. Por esta razón, expertos en finanzas aconsejan mantener una comunicación abierta y temprana, y en caso de estar imposibilitado para efectuar los pagos, intentar negociar la deuda.
En el caso de enfrentarse a un embargo, existe la posibilidad de solicitar una medida cautelar para que este se mantenga en una proporción razonable, y valorar la opción de declararse en bancarrota si la carga financiera se vuelve insostenible.
