El horror se apoderó de la ciudad de San Cristóbal tras un devastador caso de presunta violencia sexual que ha afectado a al menos doce menores en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La figura central de este incidente es Fredy Castellanos, quien trabajó como maestro en la organización antes de ser gerente en otro jardín ICBF ubicado en Bosa Piedmonte. Este escabroso caso ha generado una profunda conmoción en la capital, no solo por el alarmante número de víctimas, sino también porque dos de los menores han sido diagnosticados con VIH, lo que agrava aún más las secuelas del delito.
De acuerdo con las quejas presentadas por los padres, las autoridades no actuaron con la celeridad necesaria. Fue solo después de que las madres intervinieran de manera persistente que se logró visibilizar la magnitud de los hechos y activar una respuesta más contundente por parte de las autoridades pertinentes. El silencio institucional y la negligencia evidente han provocado críticas severas hacia el ICBF y los organismos reguladores responsables.
El ministro Julián Sastoque condena el hecho y las advertencias sobre la crisis de la construcción
Uno de los primeros en reaccionar de manera enérgica fue el ministro Julián Sastoque, quien expresó su repudio hacia los hechos, calificándolos como «anomalías» y exigiendo una justicia inmediata:
«Este tema debe ser el peso de la ley. Está prohibido que el atacante de un niño pueda tener acceso directo a menores en espacios donde están destinados a proteger», afirmó Sastoque.
Además, Sastoque subrayó que este problema no es aislado ni un fenómeno reciente, sino que se inscribe dentro de una creciente preocupación relacionada con el aumento de delitos sexuales contra menores. Para ilustrar la gravedad de la situación, el 11 de abril de 2025, en Bogotá se registraron 466 casos de violencia contra niños, siendo la mayoría de los implicados adultos relacionados con las niñas. Sastoque recordó que en 2024, la situación fue aún más alarmante en términos de violencia sexual infantil, con un total de 9,688 casos reportados, una cifra aterradora que revela una verdadera crisis social.
«No podemos permitir que las estadísticas caigan ligeramente y se interpreten como buenas noticias. Continuamos hablando de cientos de niños violentados, y el Estado en su conjunto debe activarse», concluyó Sastoque.
Contratistas bajo la lupa: más de $ 5,967 millones en juego
Otro asunto crucial que el Ministro destacó es la responsabilidad de los contratistas encargados de la administración de los preescolares. Tras una investigación liderada por su equipo, se reveló que el jardín de infantes canadiense, donde se había denunciado el abuso, ahora gestiona cinco contratos en Bogotá, que suman un total de más de $ 5,967 millones de pesos.
En este sentido, Sastoque instó al ICBF y a la gerencia a revisar las calificaciones y antecedentes de todos los contratistas que proveen servicios en entornos educativos y para niños, especialmente aquellos que incluyen la atención directa a los menores.
«No se trata solo de este operador. Es fundamental revisar minuciosamente todos los contratos, verificar los procesos de selección de personal, los métodos de vigilancia y, por encima de todo, las medidas de protección reales implementadas en estos centros», dijo Sastoque.
Sociedad rota que requiere respuesta
Aunque la Fiscalía avanza en la investigación contra Fredy Castellanos, las familias afectadas esperan que el proceso no sólo culmine en una condena ejemplar, sino que también sirva como catalizador para una reforma radical en la manera en que el Estado protege a la infancia. Las madres que se presentaron en San Cristóbal exigen más que simples promesas; requieren acciones concretas, garantías y reparaciones adecuadas.
Este desafío se torna cada vez más urgente, ya que es fundamental fortalecer los protocolos para contratos, supervisión y sanciones en todos los espacios de cuidado infantil, además de asegurar un ambiente seguro y confiable tanto para Bogotá como para el país en su conjunto.
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