La elección de un nuevo concejal local en Neiva se convirtió en un problema político de alto voltaje. Todo comenzó cuando la Universidad de Tolima pudo promover el proceso, a pesar de haber recibido 32 puntos de 100 en evaluación técnica y económica. Esta situación puso fin a la lluvia de críticas, dirigida por el antiguo reconocido Johan Steed Ortiz, quien advirtió sobre la posibilidad de cocinar «controlador de bolsillo».
Las preocupaciones no son menos: una elección elegida sufrirá su control de lupa sobre más de mil millones de pesos de presupuesto local. Por lo tanto, lo que debería ser un concurso claro y transparente, hoy parece complicar entre dudas, afirmaciones y sospechas de favor.
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Las disputas se agregan a cómo se firmó el premio en la Universidad de Tolima. Solo presidente del consejo, Juan Carlos Parada, y el primer vicepresidente, Miller Osorio. Otro vicepresidente, Jesús Andrés Garzon, decidió no seguir la decisión y dejar una violación dentro de la junta misma.
La oficina del Ministro de Justicia ya ha abierto investigaciones disciplinarias contra los gerentes de los tres consejos. El llamado a la atención es claro: el proceso no solo aumenta las críticas de los ciudadanos, sino que también está bajo lupa pública. Nadie está por encima de la ley.
Mientras tanto, los ciudadanos solicitan garantías reales. Neiva no necesita un gerente cerca de los intereses políticos, sino un funcionario independiente, que puede monitorear la dureza y sin obligación. El mensaje que suena en las calles es uno: que el proceso se realiza frente a la ciudad y sin una trampa.
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