En Colombia hay un debate sobre el uso del presupuesto público como herramienta de poder político, luego de que en las últimas semanas se evidenciara un marcado contraste en el trato dado a dos inspectores institucionales. Por un lado, Gregorio Eljachel nuevo fiscal del Estado, ha contado con el apoyo inequívoco tanto del comité ejecutivo como del legislativo, con iniciativas dirigidas a él con rapidez y con mayores recursos. Por otro lado, Iris MarínDefensor del Pueblo, ha sufrido recortes presupuestarios y una reducción de su capacidad operativa que algunos interpretan como un castigo por una postura crítica e independiente hacia el poder político.
Contexto institucional y político
Gregorio Eljach fue postulado por el presidente Gustavo Petro para el cargo de Ministro de Justicia de la Nación y recibió el apoyo abrumador del Senado para su elección. Durante su carrera mantuvo una relación fluida con el mundo político: fue director ejecutivo del Senado durante más de una década, donde cultivó redes y alianzas. En sus discursos ha reconocido públicamente que su carrera política y su vinculación con el legislativo forman parte de su identidad como servidor público: «Yo he sido el único que ha aprendido a hacer política con ustedes», declaró en un reciente encuentro.
Por su parte, Iris Marín Ha construido su perfil como defensora del pueblo independientemente del poder político, expresando críticas a las decisiones del gobierno y hablando por la autonomía de las instituciones. Su administración ha tratado de monitorear las violaciones de derechos humanos, garantizar el acceso a la justicia para las comunidades vulnerables y monitorear posibles abusos del poder público. Su nombramiento fue visto como un intento de reestructurar el papel del Defensor del Pueblo de manera más crítica y menos acorde con la mayoría política.
La «recompensa» al Fiscal General: concesiones al legislativo y aumento de presupuesto
Lo contrario comenzó a hacerse visible cuando el Congreso priorizó y aceleró la tramitación de la iniciativa para establecer una universidad bajo la dirección del Procurador General. En apenas dos meses, los cuatro debates necesarios para su aprobación se superaron con una velocidad inusual en comparación con el ritmo habitual de proyectos de alto impacto financiero. Además, el parlamento aprobó un aumento en el presupuesto de la oficina del Ministro de Justicia 600.000 millones de pesos (aprox. 160 millones de dólares) para fortalecer sus operaciones, personal y nuevas funciones.
Este trato privilegiado generó críticas porque se hizo con poco debate público o transparente en los comités y sin el mismo apoyo para otras prioridades. Expertos advierten que la Fiscalía General, bajo esta nueva administración, ganará recursos que le permitan imponer mayores sanciones y la posibilidad de fiscalización por parte de otros poderes, lo que podría inclinar el juego político a favor de quienes dirigen esa agencia.
‘Castigo’ del agente: austeridad y debilitamiento institucional
Al mismo tiempo, hubo un recorte significativo en el presupuesto de la Defensoría del Pueblo: 60.000 millones de pesos (unos 15 millones de dólares) en comparación con lo que se había propuesto originalmente. Estos recortes son particularmente severos porque socavan funciones esenciales como la atención a las víctimas, el monitoreo de los derechos humanos, la protección de las comunidades rurales, el monitoreo durante los procesos electorales y las operaciones contra los conflictos armados internos.
La Defensoría del Pueblo desmintió que este cambio presupuestario no haya sido consultado previamente y no haya dado argumentos claros al respecto. «La decisión del parlamento es atroz», dijo Iris Marín días antes de la votación del parlamento. Otros reguladores, como la Oficina Nacional de Auditoría y la Fiscalía General, no sufrieron recortes similares, lo que profundiza la percepción de que la Defensoría del Pueblo ha sido penalizada por su autonomía del poder político.
Interpretaciones y riesgos para la independencia institucional
Para analistas y académicos, este contraste no es ni superficial ni mundano, sino que implica profundos riesgos institucionales. La politóloga Laura Wills ha señalado que el Fiscal General tiene supervisión directa de los miembros del Congreso y de los organismos públicos, lo que crea una tensión de interés cuando esos mismos miembros del Congreso favorecen a la agencia con recursos. «¿Quién va a desobedecer al abogado cuando él controla su destino? Se pregunta. La falta de debates sustanciales en el parlamento para aprobar iniciativas de planificación también parece ser un síntoma del debilitamiento del poder de los ciudadanos».
Otra cosa interesante es que, aunque Eljach ha iniciado investigaciones contra funcionarios de alto rango y ha hecho declaraciones críticas, ha tenido cuidado de señalar con el dedo al presidente y referirse a limitaciones legales (como los poderes constitucionales del presidente). Algunos críticos creen que la cautela puede ser autoimpuesta para no forzar demasiado su apoyo político.
Posibles consecuencias y lo que sigue.
- La Defensoría del Pueblo, con un presupuesto reducido, tendrá menos recursos para monitorear los derechos humanos, monitorear las políticas públicas, atender a las víctimas y monitorear los procesos electorales.
- El Ministerio Público, con mayores recursos y mayor apoyo político, podrá incrementar su capacidad sancionadora y tener una mayor presencia institucional a nivel regional y local.
- Se puede establecer una «asimetría de control político»: una persona que controla más recursos institucionales puede ejercer mayor influencia sobre otros poderes.
- El debate sobre la reforma institucional puede complicarse si se privilegian los mecanismos regulatorios políticamente alineados.
- Según el público, este factor podría reducir la confianza en las agencias reguladoras, si se las considera aliadas de las autoridades en lugar de guardianes independientes.
En resumen, lo que este episodio revela es más que un simple conflicto presupuestario: revela una profunda tensión entre la autonomía institucional y la política partidista. Las agencias reguladoras son clave para la democracia; Cuando su fortalecimiento depende del favor político, se abre una brecha peligrosa para el equilibrio de poder y la protección ciudadana.
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