Un acuerdo comercial histórico alcanzado en Ginebra entre Estados Unidos y China ha puesto un fin temporal a una intensa guerra arancelaria que sacudió los mercados globales. Este acuerdo se presenta como una respuesta a los efectos negativos que las políticas arancelarias implementadas por el ex presidente Donald Trump impusieron, incluso a las propias empresas estadounidenses. En un giro significativo, Trump ha decidido retroceder, eliminando las tarifas que eran consideradas insostenibles, abriendo la puerta a un nuevo enfoque en las relaciones comerciales entre ambas naciones.
Durante el mes de abril, la administración Trump había impuesto aranceles que alcanzaban hasta un 145% en productos chinos, lo que provocó un colapso parcial en el comercio bilateral. Las consecuencias de estas políticas llevaron al cierre de fábricas en China y plantearon un riesgo incrementado de bancarrota para los importadores estadounidenses. A medida que la presión interna aumentaba, el gobierno se encontró en la necesidad de replantear su estrategia, resultando en un acuerdo que establece una reducción significativa de los aranceles: las nuevas tarifas de EE. UU. se fijan en un 30%, mientras que China ha decidido reducir las suyas de un 125% a tan solo un 10%.
Este acuerdo llega en un momento crucial para la economía global y coincide con la temporada de pedidos de Navidad. Sin embargo, también pone de relieve las limitaciones de una política que se basa en la confrontación entre estas potencias económicas. A pesar de la celebración en ciertos sectores, muchos en la comunidad empresarial son cautelosos ante el impacto real de este desarrollo en el comercio global.
Las compañías estadounidenses celebran, pero con precaución
Aunque la reducción de la tarifa representa un alivio para muchas compañías, este alivio es temporal y no elimina los desafíos significativos en términos de logística y finanzas a los que se enfrentan. Minoristas y fabricantes han expresado su preocupación de que esta tregua de 90 días podría no ser suficiente para estabilizar sus operaciones comerciales, sobre todo después de haber suspendido numerosos pedidos debido al temor a tarifas tan elevadas.
Jonathan Silva, CEO de WS Game Company, indicó que todavía tiene contenedores varados en China, y aunque la nueva tasa del 30% permite reactivar los envíos, el daño ocasionado por meses de tensión comercial ya está hecho. Las demoras, pérdida de confianza en el mercado y costos adicionales comienzan a acumularse, dejando a muchos empresarios reflexionando si esta pausa en las tensiones es simplemente un respiro transitorio.
Gene Seroka, director del puerto de Los Ángeles, también ha advertido sobre la cautela que debe tenerse. Expresó que «noventa días no son suficientes para recuperar el ritmo del comercio mundial», destacando las complejidades de la cadena de suministro global que han sido alteradas por las políticas comerciales recientes.
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El cambio de rumbo de la administración Trump en la tabla de negociación revela una modificación significativa en la narrativa que había dominado su relación con China. Inicialmente, había enfatizado una separación total de la economía china, sin embargo, ahora parece reconocer que ambos países comparten intereses estratégicos y que una separación total no es el objetivo deseado. «Ninguna parte quiere una separación», afirmó el Secretario del Tesoro, Scott Besent.
Analistas como Scott Kennedy han descrito el Acuerdo de Ginebra como un «retiro casi completo de los Estados Unidos». Argumentan que las tácticas de presión máxima previamente empleadas no lograron obtener nuevas concesiones del lado de Pekín. Xi Jinping, presidente de China, ha respondido a las agresiones comerciales de EE. UU. con una resistencia firme a las medidas arancelarias impuestas.
A pesar de las nuevas negociaciones, Trump ha insistido en que el acuerdo de 2020 podría servir como una base para futuras conversaciones que aborden temas sensibles como los precursores de fentanilo y el dominio industrial de China. Sin embargo, expertos como Wendy Cutler alertan que un plazo de 90 días es insuficiente para resolver las disputas complejas que aún persisten.
